La Justicia provincial retomó la actividad en la megacausa que investiga una seguidilla de presuntas estafas inmobiliarias y lavado de activos con la acusación contra 11 imputados. Los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y Económicos pidieron la elevación de la causa a juicio oral y público, y penas de hasta 14 años de prisión efectiva, inhabilitaciones y multas millonarias.

La última noticia relevante en la causa surgió en diciembre, cuando se modificó la imputación de asociación ilícita por "lavado en banda", punto por el que los abogados defensores cuestionaban a los fiscales de la causa, Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot.

Este lunes presentaron la acusación y pedido de pena para los imputados.

Alta sociedad

Jorge Oneto: cuatro años y seis meses de prisión, y una multa de $54.777.000. Al agente bursátil le otorgaron la libertad provisional a fines de diciembre, y es apuntado como el “fronting”, el último eslabón de la presunta estafa.  

Pablo Abdala: cuatro años y seis meses de prisión, y multa de $36.518.000. Al gerente de La Capital se le adjudica formar parte del lavado en banda en la compra de un campo de Villa Amelia, presuntamente adquirido de manera ilegal en complicidad con otros sospechosos.

Marcelo Basilio Jaef: siete años de prisión y una multa de $73.036.000. Se lo acusa de ser el eslabón clave en los traspasos del campo en cuestión, valiéndose de su status y conexiones en distintos ámbitos.

Leandro “Lelo” Pérez: siete años de prisión, y una multa de $73.036.000. Es uno de los coordinadores de la presunta estafa del campo y quien habría hecho el vínculo con Jorge Oneto.

Maximiliano González De Gaetano: 7 años de prisión, multa de $73.036.000. Los fiscales lo acusan de formar parte de las maniobras ilícitas de fraudes inmobiliarios, a partir de la compra y venta del campo en cuestión, y además, financia “la banda" a partir de la relación con Jaef.

Escribanos

Luis María Kurtzemann: cinco años y seis meses de prisión, multa de $54.777.000. Además, al escribano, acusado por falsedad ideológica de documentos (crear un documento falso) se le pide  diez años de inhabilitación especial para ejercer su profesión.

Juan Bautista Aliau: 5 años y seis meses de prisión, y una multa de $54.777.000, más diez años de inhabilitación especial para ejercer su profesión de escribano. Acusado de falsedad ideológica de documentos (crear un documento falso). A partir de ello facilitaba las maniobras ilícitas de fraude con que se van a poner en circulación los bienes.

Eduardo Martín Torres: 14 años de prisión, y una multa de $54.777.000, e inhabilitación especial de diez años para ejercer como escribano. Es acusado como de confeccionar la falsificación de los documentos (escrituras, boletos de compra-venta), utilizados por los primeros eslabones para quedarse con propiedades.

Primer eslabón

Juan Roberto Aymo: 14 años de prisión, y multa de $54.777.000. Se trata dl primer eslabón del fraude inmobiliario. Marcaba los bienes inmobiliarios y las personas a estafar, reunía la documentación, se contactaba con escribanos para la falsificación, y acercaba a los prestanombres o testaferros.

Jonatan Javier Zárate: tres años y 6 seis meses de prisión, y multa de $100.000. Era una de los prestanombres. Figuraba en los documentos falsificados de los bienes.

Ramona Rodríguez: tres años y seis meses de prisión; multa de $100.000. Encausada como primer enlace de las maniobras fraudulentas, de la mano de su marido, Roberto Aymo.