El convenio de cooperación firmado por Nación y Santa Fe para combatir el delito y el crimen organizado en el territorio provincial muestra, hasta el momento, poco énfasis en los flagelos menos visibles de la crisis de seguridad. No hay ninguna medida concreta para, por ejemplo, frenar el aumento de armas en manos de civiles, un factor determinante en el crecimiento de la violencia urbana. La única política pública aceitada entre ambos poderes ejecutivos dejó de funcionar en 2016. Se trata del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, un programa lanzado hace 9 años que en la actualidad está suspendido.

Funcionarios, criminólogos y académicos coinciden que las armas tienen una alta incidencia en la resolución letal de conflictos interpersonales.  “Hay situaciones que antes se solucionaban en una simple discusión, o tal vez una pelea, pero hoy se resuelven a través del uso de armas de fuego”, admitió tiempo atrás el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro al reflexionar sobre el aumento de la violencia en los barrios.

Las estadísticas reflejan la gravedad del problema. En el 79% de los asesinatos que se cometieron en el Gran Rosario durante el primer semestre del 2016 se utilizaron armas de fuego. En ese mismo lapso, se registraron 577 lesionados por el impacto de una bala, lo que arroja un promedio de tres heridos por día.

Las cifras también son escalofriantes a nivel nacional. El último relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación, publicado a fines del año pasado, detalló que en 2014 hubo 2981 muertes causadas por disparos: ocho víctimas por día en todo el país.

Hasta el año pasado, las armas salían de circulación por dos vías: la incautación vía judicial (procedimientos policiales) y el desarme voluntario de los ciudadanos, a quienes se los estimulaba con un incentivo económico (entre 500 y 2 mil pesos). Esa política pública -conocida como Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego- se replicó desde 2007 en muchas provincias del país.

El programa fue aprobado por el Congreso durante la gestión de Néstor Kirchner y quedó bajó la órbita del Registro Nacional de Armas (Renar), organismo dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su última renovación fue en 2013, cuando se estipuló una prórroga por dos años (diciembre de 2015).

Por sus buenos resultados el plan recibió la distinción "Política del Futuro", otorgado por la Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas (UNODA), entre otros reconocimientos internacionales. Se definía al programa  como "una política sostenible, que demuestra que el cambio positivo es posible cuando hay voluntad política".

Según la información del Renar, desde 2007 se recibieron más de 175.000 armas por el plan de desarme voluntario Los revólveres, pistolas y escopetas recibidas fueron inutilizados en el acto de entrega y posteriormente destruidos.

Nueves meses sin plan

El octubre de 2015, el Congreso aprobó por unanimidad la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) en reemplazo del Renar. El texto de la normativa mencionaba la necesidad de “lograr mayor capacidad y celeridad administrativa y financiera acorde a los requerimientos de fiscalización y control de materiales sensibles como armas, explosivos y municiones”. El gobierno de Mauricio Macri designó como titular del organismo a la ex diputada Natalia Gambaro, mano derecha de Francisco de Narváez y hasta hace poco normalizadora de la Fundación Felices Los Niños.

A fin de año, el oficialismo le bajó el pulgar al plan de desarme voluntario. El Congreso no prorrogó la normativa y tras nueve años la iniciativa quedó fuera de circulación. Gambaro pidió tiempo para plasmar una nueva política de desarme. “El programa que ahora estamos renovando fue muy exitoso al principio, de hecho fue premiado por Naciones Unidas por la cantidad de armas y la forma en la que se había hecho. Pero, como todas las cosas, cada tanto hay que ir reformándolo porque se va perdiendo el entusiasmo en la gente”, explicó.

En paralelo, los senadores kirchneristas Sigrid Kunath y Miguel Ángel Pichetto presentaron un proyecto de ley para poder relanzar el programa de forma “permanente”. En junio, el bosquejo tuvo media sanción y pasó a la Cámara de Diputados, donde se encuentra estancado.

El negativo efecto en Santa Fe

En los últimos cuatro años (2012/2015), el ministerio de Seguridad de Santa Fe estableció acuerdos con el Renar para instrumentar el plan de desarme en la provincia. La Casa Gris elegía los puntos geográficos (dependencias estatales) y se encargaba de la campaña de difusión y concientización. Los puestos móviles y la logística quedaban a cargo del organismo nacional.  

En Rosario, el desarme funcionó en las oficinas de los distritos municipales. El año pasado, se recolectaron 190 armas en las primeras semanas y 500 de marzo a diciembre. La provincia calcula que tres mil santafesinos se desarmaron gracias a este programa.

Según pudo averiguar Rosarioplus.com, funcionarios del gobierno de Miguel Lifschitz ya reclamaron en cuatro oportunidades que el plan vuelva a lanzarse. Es que sin una ley nacional, ninguna provincia puede implementar una campaña de entrega voluntaria de armas.

“Si hoy alguien quiere entregar un arma, el estado santafesino tiene que registrar su identidad y preguntar de dónde la sacó. La ley nacional posibilitaba una especie de indulto. Las provincias no pueden hacer esto, ahí está el problema. El margen de acción entonces es casi nulo”, explicó una fuente del ministerio de Seguridad.

Y agregó: “La gente sigue llamando para saber dónde puede entregar su arma, por lo que le tenemos que explicar que el programa dejó de funcionar. Hoy lamentablemente no existe ningún mecanismo para el ciudadano que se quiera desarmar”.