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Los fiscales del juicio a la banda narco Los Monos iniciaron este lunes el alegato final del debate oral, en el que se acusa a 12 integrantes de la organización por asociación ilícita y homicidios, y a 13 miembros de distintas fuerzas de seguridad por complicidad. Justamente en la primera jornada se fundamentó por qué, según la Fiscalía, se trata de una asociación ilícita con fines delictivos.

Según el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el fiscal Gonzalo Fernández Bussy, “el bien jurídico que se quiere proteger es el orden público y éste está traducido en la seguridad pública”, que se ve “alterada cuando aparece una asociación ilícita de personas que tiene como fin específico la comisión de delitos determinados”.

Como una cadena de consecuencias, explicó que la asociación ilícita perturba la seguridad pública, “no sólo por el mero conocimiento de su existencia que provoca inquietud, sino porque implica peligro, una alarma colectiva y temor de ser víctima de un delito”.

A la hora de hablar de integrantes, el fiscal estableció que en toda organización sus miembros “se sienten parte, colaboran de una forma u otra para que los objetivos se cumplan, entre otros provocar y usufructuar un territorio liberado con la imposición del miedo, controlando distintas zonas de Rosario, cobrando a otras personas para darles protección”. 

Para sintetizar, definió el sentido de grupo: “Manejan el negocio de la violencia, que es uno de los objetos fundacionales, prioritarios y aglutinantes de la banda, y en ella persiste el supuesto de otro negocio”.

Planteos de la defensa

El fiscal Fernández Bussy inició su intervención antes de iniciar el alegato con el rechazo de los dos planteos que las defensas hicieron al iniciarse el juicio. Por un lado habían pedido la impugnación contra el tribunal por entender que no está asegurada la imparcialidad.

Además los defensores pidieron la nulidad de lo actuado por el juez Juan Carlos Vienna, que instruyó la megacausa iniciada con el asesinato de Martín Fantasma Paz, porque según ellos  direccionó la pesquisa en un solo sentido: la familia Cantero.

"La causa instruida por el juez Vienna ha sido la respuesta a esa crisis política y a la inacción de la lucha contra el narcotráfico de parte de las autoridades de esta provincia", sostuvo en su momento Carlos Edwards, abogado de Ramón Monchi Machuca.