Dos fiscales de Santa Fe solicitaron este lunes que se condene en un futuro juicio oral a nueve años de prisión a dos ex jefes de la Policía de esa provincia, acusados de liderar una asociación ilícita que defraudaba al Estado provincial con supuestas reparaciones de patrulleros.

Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez brindaron una conferencia de prensa en la cual informaron que presentaron la requisitoria de acusación contra los ex jefes policiales Rafael Grau, de 56 años, y Omar Odriozola, de 54, que según la pesquisa formaban parte de una banda que ya tuvo nueve condenados civiles.

"Fue presentada la requisitoria de acusación, se ha solicitado una pena de 9 años de prisión para dos ex jefes de la policía, por ser jefes de una asociación ilícita y defraudaciones calificadas por ser en perjuicio de la administración pública", indicó Hernández en la rueda de prensa.

El fiscal señaló que, de acuerdo a lo que se determinó en la investigación, "se simulaban arreglos a móviles policiales" y "la pata policial (de la banda) lo que hacía era requerir las reparaciones que no eran necesarias para los patrulleros o eran exageradas".

"Luego eso se facturaba, tanto los repuestos como la mano de obra, que era abonado por el Estado provincial, y luego había un retorno de dinero, que se repartía entre los integrantes de la asociación ilícita", añadió.

El funcionario judicial dijo que lograron demostrar un fraude de alrededor de dos millones de pesos en un período de 14 meses y señaló que lograron recuperar más del triple de ese dinero "porque contamos con nueve condenas, porque la condena exige la reparación del daño a valores actualizados".

La pena solicitada por los fiscales "se fundamenta en las características de los hechos ilícitos, las calificaciones legales atribuidas desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), las conductas de los acusados y los medios utilizados en el marco de una organización constituida a los fines de defraudar a la administración pública”.

Además, entendieron que "es un particular disvalor que los dos acusados fueron la máxima autoridad de la policía en toda la provincia. Esta particularidad los obligaba a no solo hacer cumplir la ley, sino también a que ellos mismos la acataran”.