__tadevel:head__

Los abogados de la APDH que patrocinan a los jóvenes que recibieron una feroz golpiza por parte de agentes del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica, el fin de semana pasado en la zona de las Cuatro Plazas; consideraron que la fiscal debió solicitar la prisión preventiva para todos los imputados.

Este jueves, la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci imputó este jueves por apremios, falsificación de acta en cumplimiento de deberes como funcionarios públicos y abuso de autoridad al suboficial Mariano S. y la suboficial Erika D., para los cuales el juez de primera instancia Santiago Becerra aceptó las calificaciones presentadas por la fiscalía y se les aplicó una prisión preventiva efectiva de un mes.

También fueron imputados por las mismas calificaciones, el suboficial Walter D., el cabo Ariel G., el suboficial Gastón F., el cabo primero Santiago M. y el suboficial Roberto S. de PAT, todos con prohibición de todo tipo de contacto con las víctimas.

La diferencia de calificación con los dos primeros, puntualizó la fiscal, es que "desconocían del fundamento por el cual obraron los dos primeros suboficiales".

"Los jóvenes Sasha V, Nelson R y Desire C pudieron ser escuchados por el Juez y contar los tormentos sufridos y manifestaron temor a futuras represalias y denunciaron prácticas intimidatorias posteriores. Hacemos responsable a la Fiscalía de V.I. y al Ministerio de Seguridad por la seguridad de los jóvenes, sus familiares, amigos, abogados y demás personas que los están acompañando", indicaron desde la Multisectorial Contra La Violencia Institucional, a través de un comunicado.

En cuanto a la audiencia que se llevó a cabo este jueves por la mañana en los Tribunales Provicinciales, desde la agrupación manifestaron: "Repudiamos además actitudes intimidatorias y provocadoras de parte de los policías imputados y su abogado defensor. Exigimos audiencias realmente públicas ya que sólo pudieron estar presentes familiares directos. Exigimos que los padecimientos sufridos por los jóvenes sean investigados como delitos de tortura".

En tanto, los abogados de la APDH presentaron un pedido de constitución de querella que se va a tratar en otra audiencia en un corto plazo.