Dos hombres y la esposa de uno de estos recibieron una condena penal por al menos dos hechos de usura crediticia agravada y extorsiva, falsedad ideológica de instrumento público y robo simple. La pena surgió de un juicio abreviado que homologó el juez de primera instnacia Hernán Postma: tres años de prisión condicional y el pago de 150 mil pesos de multa para Horacio Falzetti y también para Eduardo Hinny. Asimismo, una pena parecida recayó en la esposa del primero, Griselda Barreto, solo que en este caso la multa solo ascendió a 50 mil pesos. Según fuentes de la causa, Falzetti es empleado del Senado de la Provincia de Santa Fe, y Hinny, directivo de una mutual financiera de la ciudad de El Trébol. 

La fiscal Valeria Haurigot los acusó hasta comprobar dos hechos elocuentes de préstamos usurarios otorgados a personas con graves apremios económicos, y la finalidad ulterior de apropiarse de inmuebles una vez que los damnificados no pudieran afrontar el pago de intereses de hasta el 100 por ciento anual.

El primer caso ubica a Hinny y a Falzetti el 22 de octubre de 2018 celebrando un contrato de mutuo usurario, tal como acostumbraban a realizar. Eran lo que en la calle se considera prestamistas. "Aprovechándose de la situación de necesidad y carencia de la víctima, y explotando económicamente dichas circunstancias, celebraron un contrato con prestaciones desproporcionadas", señaló la fiscal. 

Los dos sabían que el hombre a quien le prestaban dinero ya estaba insolvente e impedido de continuar con su actividad comercial. Le prestaron igual, un millón de pesos, y a muy alto precio: devolver 90 mil dólares.

Haurigot expuso que Hinny y Falzetti le prestaron sucesivas sumas de dinero a devolver en un año y con interés del 100%. Es decir, el damnificado debía devolver el capital y otra suma similar como compensación del préstamo.

Como parte del acuerdo usurario, los acusados le hicieron firmar a su víctima la garantía de un departamento en 27 de Febrero al 2100, o el equivalente al valor en dólares. Para eso, hicieron papeles para simular una compraventa que en la realidad era falsa.

Así fraguaron una escritura traslativa de dominio, y ahí se ganaron la imputación de falseamiento de instrumento público.

El despojo del departamento se concretó en febrero de 2020. Hinny y Falzetti tomaron el inmueble en garantía y le cambiaron la cerradura. Asimismo, mandaron a dos hombres a que habiten la vivienda usurpada para sostener la ocupación y disuadir al dueño legítimo de recuperarla. En esa situación, también se apoderaron del mobiliario que había en el interior y vaciaron la propiedad.

Un hecho similar también recayó en la imputación. La fiscal dijo que se concretó el 9 de setiembre de 2018, al celebrar otro contrato de mutuo usurario. Hinny y Falzetti desplegaron el mismo ardid con otra persona en circunstancias de apremio similares. Solo que aquí el plazo de devolución de capital llegaba a los dos años. 

"Vencido el plazo convenido y sin poder la víctima cancelar la operación, Eduardo Hinny y Horacio Falzetti comenzaron a exigirle un pago adicional del cincuenta por ciento de los intereses compensatorios. Asimismo, para tutelar su usuraria acreencia, previo a cualquier desembolso, Eduardo Hinny, Horacio Falzetti y Griselda Barreto en fecha 9 de septiembre de 2018, en la ciudad de El Trébol, persuadieron a la víctima para que les otorgara una ventaja desproporcionada y/o una garantía de carácter extorsivo, encubierta como colateral y/o adicional a la usura crediticia subyacente, logrando que la víctima se viera compelida a simular una operación de compraventa falsa cuyo objeto era el inmueble correspondiente a la de calle Tucumán al 3500 de la ciudad de Rosario", acusó la fiscal Haurigot.  

Como antes, aquí también fraguaron una compraventa del inmueble a favor de Hinny (50% de la propiedad) y la pareja de Falzetti y Barreto (el otro 50%).  En el documento mintieron un pago de dinero que jamás existió. El apoderamiento de la casa era la ejecución ilegal de esa garantía extorsiva por un préstamo a tasa de usura.

Este martes en juicio abreviado, los tres acusados aceptaron los cargos y la pena impuesta por el juez: tres años de prisión de ejecución condicional, pago de 150.000 pesos cada uno como multa, Barreto debe pagar 50 mil pesos y además compensación de 45 mil pesos a cada víctima. Además, se les prohibió a los tres comunicarse con las víctimas, la obligación de fijar domicilio y reportarse ante el Patronato de Liberados.