Provincia pagó por la defensa de involucrados en el crimen de Franco Casco
Lo denunció el ministro Marcelo Sain y corresponde a partidas utilizadas durante la gestión Lifschitz para costear la defensa de los policías involucrados en el secuestro y muerte del joven bonaerense, cuyo cuerpo apareció flotando en el río en 2014.
El Ministerio de Seguridad denunció ante la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que la Dirección Provincial de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia (actual Agencia de Control Policial), durante la gestión de Maximiliano Pullaro, pagó con fondos reservados los honorarios de los abogados que defendieron al personal de dicha dependencia que estuvieron implicados en la desaparición forzada y muerte de Franco Casco.
La información que el titular de la cartera, Marcelo Sain, presentó en la acusación parte de un relevamiento que el funcionario solicitó a principios de año sobre las "Partidas Presupuestarias recibidas destinadas al desarrollo y actividades de la Dirección Provincial de Asuntos Internos" correspondiente al período 2015 – 2019.
En dicho informe, que forma parte de la denuncia, se verificó que entre el mes de octubre de 2017 y septiembre de 2018 hubo un aumento de la partida de Gastos Reservados “era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta Unidad Especial que se encontraba involucrado en el caso “Casco” de la ciudad de Rosario".
"Lo que nosotros entendemos es que desde la Secretaría de Control (a cargo de David Rainero) y el jefe policial de ese momento se desviaron fondos reservados para pagarle a los abogados de las cinco personas que estuvieron imputadas en la causa de Franco Casco", indicó la abogada Nadia Schujman, en diálogo con Rosarioplus.com.
Además, la letrada, que patrocina al Ministerio de Seguridad, afirmó: "Es un delito, ¿cómo se van a abonar los honorarios de abogados privados desviando fondos públicos para defender la posible participación de personal en una desaparición forzada de persona seguida de muerte? ¡Es gravísimo!".
La denuncia fue presentada en la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe, a cargo de Mariela Giménez, y el fiscal asignado para la investigación del caso fue Ezequiel Hernández.
Los policías de Asuntos Internos involucrados en el encubrimiento de la desaparición y muerte de caso son: el ex jefe de del área, Anibal Candia y el ex jefe de Investigaciones de esa unidad, Sergio Pieroni (ambos sobreseídos); Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, imputados como partícipes secundarios, y Carlos Albertos Ríos (también sobreseído).
En tanto, la denuncia de Sain cuestiona "la participación de un funcionario político de la Secretaria de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia como defensor de los agentes policiales de Asuntos Internos imputados".
El letrado apuntado por el ministro es José Manuel Alcácer Grosignani, quién se desempeñó como defensor de los agentes acusados luego de formar parte del gobierno provincial (en Asuntos Internos).
Alcácer fue designado en el cargo político de Asistente Técnico Nivel II de la Secretaria de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia (gestión Raúl Lamberto), a través del Decreto Nro. 2118 de fecha 14 de Julio del año 2014. De dicha área política dependía la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia, por lo cual, el asesor cumplimentaba tareas estrechamente relacionadas con las funciones y misiones de dicha Unidad Especial creada por el Decreto Provincial Nro. 1359 de fecha 22 de agosto de 1997.
"El accionar desplegado por el abogado José Manuel Alcácer Grosignani, asumiendo la defensa penal de cinco funcionarios policiales pertenecientes a la Dirección de Asuntos Internos es violatorio de la ley provincial de ética en el ejercicio de la función pública Nro. 13.230, dado su desempeño en el área gubernamental bajo cuya órbita se encontraba la Dirección de Asuntos Internos y que tiene –tal como lo expresa la normativa antes reseñada– por objetivo fundamental ejercer el control e investigación de casos de apremios ilegales, delitos y corrupción policial", detalla la denuncia.
Asimismo, el abogado cuestionado por el Ministerio de Seguridad defendió a Gabriel Zilli, médico oncólogo rosarino, que fue detenido, imputado y procesado en el mes de octubre del año 2015 en una causa penal por infracción a la Ley Penal de Estupefacientes Nro. 23.737, conocida popularmente como la causa “Narco Arroz”.
Además, Alcácer Grosignani fue abogado de Luis Alberto Paz, procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico (cuando era socio en su estudio jurídico del abogado Lucas Peirone, quien fuera designado por el Decreto Nro. 2839 de fecha 03 de Septiembre de 2015 como asesor nivel II de la Secretaria de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia).
En tanto, el escrito detalla que Peirone es el abogado defensor de Esteban Lindór Alvarado, cabecilla de una de las organizaciones narco criminales más importantes de la región.
"De lo reseñado precedentemente se infiere que los abogados José Manuel Alcácer y Lucas Peirone (socios en el mismo estudio jurídico y funcionarios políticos de la Secretaria de Control del Ministerio de Seguridad [Asuntos Internos de la Policía]) tuvieron acceso privilegiado a un cúmulo de información extraordinariamente sensible mientras se desempeñaban como defensores particulares, no sólo en la ya referida causa penal “Casco”, sino también, en procesos penales ligados a investigaciones de las organizaciones narcocriminales más importantes que operaban en la ciudad de Rosario y la región", aseguró la denuncia.
Esperando el juicio
En diciembre de 2019, el juez federal Carlos Vera Barros resolvió elevar a juicio la causa por la desaparición forzada y muerte del joven de 20 años que apareció flotando en el río Paraná el 30 de octubre de 2014, luego de haber estado detenido en la comisaría séptima de Rosario.
Por el caso, serán juzgados 19 policías, entre los que se encuentran el comisario Daniel Álvarez, jefe de la seccional 7ª, por el delito de tormentos y desaparición forzada seguida de muerte, los siete efectivos que estuvieron en la sede policial los días de la desaparición del muchacho (acusados por la coautoría del mismo delito), y cinco uniformados que son acusados por su rol de partícipes secundarios.
También fueron sobreseídos en la causa, como el ex jefe de Asuntos Internos Anibal Candia y el ex jefe de Investigaciones de esa unidad, Sergio Pieroni.