El fallo fue dividido: los jueces Ángel Angelides y Eduardo Pastorino votaron por el rechazo al amparo de Sain, mientras que Lucía Aseff se abstuvo. El ex ministro había argumentado en su planteo que sufre de parte del Ministerio Público de la Acusación una persecución política ya que "adelantan mediáticamente información con la intención de influir en la opinión pública, negando a la defensa todo acceso a las actuaciones".

El planteo judicial pedía que, en caso de regresar a funciones, se le pagara el sueldo desde noviembre hasta hoy, con los intereses del caso. Pero tuvo un revés en segunda instancia.

Por ahora, entonces, sigue firme la inhabilitación de Sain por diez años para volver a ejercer cargos en el MPA, y con este rechazo hay una señal tácita de vía libre para que avance la investigación de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez sobre el presunto espionaje ilegal que dicen que hubo durante su gestión como ministro de Seguridad. 

Desde distintos sectores de la política santafesina se ha exigido a los fiscales que exhiban las posibles pruebas que mencionan. Y no dejan de recordar el allanamiento sin orden judicial perpetrado por esos funcionarios y el Organismo de Investigaciones del MPA, en las oficinas de Gobernación en Rosario, lo que precipitó la renuncia de la abogada Nadia Schujman al cargo de directora del área encargada de controlar la función policial.