"La estamos remando hace 29 meses. Venimos renegando desde el primer día y hoy vamos a renegar de nuevo, porque la causa arrancó mal de entrada. Recién a los 14 días del crimen Fiscalía hizo cerrar el boliche y antes se había permitido un baile que se hizo prácticamente sobre el cadáver de mi hijo". Quien se lamenta es Edgardo Orellano, el padre de "Bocacha". El diálogo con RosarioPlus se da en la puerta de la Sala 10 del Centro de Justicia Penal, minutos antes del comienzo de la audiencia preliminar por el asesinato de su hijo.

Más tarde, el fiscal Patricio Saldutti pediría penas de 19 y 17 años de cárcel para dos policías y dos patovicas, respectivamente, de esa disco que funcionaba en el predio de La Fluvial, en la costa central. Los cuatro imputados continúan en prisión preventiva.

Orellano enumeró las cosas que se hicieron mal durante la investigación por la muerte de "Bocacha", que apareció en el Paraná días después de haber ido a bailar con amigos a Sr Ming, un boliche de La Fluvial, en el carnaval de 2020: "Acá se fraguaron actas, se borraron teléfonos. Las cámaras estaban borradas de a tramos. Me cuesta tener confianza en la justicia, el juez que está acá es el mismo que dejó en libertad a los de Vicentin. Respecto del pedido de Fiscalía, de 19 y 17 años, para mí debería haber sido perpetua. Eran cuatro contra mi hijo. Uno de ellos experto en artes marciales".

En los más de dos años que lleva la causa, familiares y amigos de "Bocacha" marcharon por distintos rincones de la ciudad, exigiendo justicia. Hablaron con autoridades de todos los niveles, inclusive el presidente Alberto Fernández supo del tema, porque al estar en Rosario poco después del crimen, recibió a la familia.

Por eso ahora, que finalmente se llega a la instancia del juicio para determinar la responsabilidad de los cuatro acusados (dos empleados de seguridad del boliche y dos policías que trabajaban como adicionales) hay expectativa por lo que pueda pasar. La querella, que representa el abogado con Salvador Vera, pedirá penas un poco más fuertes que las propuestas por Fiscalía.

Asimismo Edgardo Orellano anticipa que -pase lo que pase ante este Tribunal- la familia irá por más. Y pide que ponga la lupa sobre la nocturnidad de Rosario y los negocios que para él funcionaban en torno al lugar el que murió su hijo: "¿Al dueño del boliche nadie lo nombra? Se llama Guillermo Woelflin, que era socio de Delarrechea y Bergaglio en Ming, Moore y Costello, los lugares que tenía La Fluvial para ir a bailar. Ellos son accionistas de SanCor Seguros, que ahora está por hacer una torre en Puerto Norte de 130 millones de dólares con la constructora Obring. ¿Y los 174 DNI que se habían perdido también ahí en boliches de La Fluvial y después aparecieron en una financiera? Fue en Cofyrco, donde los fiscales Edery y Schiappa Pietra detectaron que compraba dólares un narco que asesinaron en Baigorria. Todo eso es gravísimo, pero parece que de estos temas nadie se anima a hablar". 

Orellano, de rostro adusto y ceño fruncido, aseguró: "Más adelante vamos a querellar al dueño del boliche, la Provincia y la Municipalidad. Me cansé de decir que el boliche era la fachada de un puerto de drogas, hay mucho para investigar de lo que pasa por el río a la noche. ¿Acá nadie se escandaliza por el hecho de que (Gustavo) Shanahan, que era el director del Puerto Rosario, apareciera con una financiera con la que estaban vinculados los narcos?". 

A la audiencia, por motivos de protocolo, sólo pudieron entrar los padres de Bocacha y su abogado, Salvador Vera. Fuera del Centro de Justicia Penal, en la plaza, había decenas de amigos del pibe asesinado, banderas de varias organizaciones políticas y sociales, también legisladores y concejales, como el diputado provincial Leandro Busatto y los legisladores Juan Monteverde y Pedro Salinas, de Ciudad Futura. En las horas previas, se había difundido un video convocando a acompañar a los Orellano, con la participación de Carlos Del Frade y Matilde Bruera, ambos diputados provinciales fueron parte de la Comisión Investigadora que creó Legislatura para esclarecer el asesinato de La Fluvial.   

Los pedidos de penas

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público de la Acusación, la audiencia preliminar por homicidio de Carlos Orellano el 24 de febrero de 2020 que comenzó hoy, seguirá el lunes 5 de agosto. 

Además, se indicó que el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos, solicitó la aceptación del requerimiento acusatorio donde pidió para los imputados la siguiente calificación legal y pedido de pena:

1) A Fabian M. (Seguridad privada del local bailable al momento del hecho) el delito de Homicidio simple con dolo eventual, en carácter de coautores y en grado consumado. Se solicita la pena de 17 años de prisión efectiva, más accesorias legales y costas en carácter de co-autor del hecho imputado.

La memoria de Carlos Orellano volvió al Centro de Justicia Penal. Arranca el juicio. (RosarioPlus)

2) A Emiliano L. (Seguridad privada del local bailable al momento del hecho) el delito de Homicidio simple con dolo eventual, en carácter de coautores y en grado consumado. Se solicita la pena de 17 años de prisión efectiva, más accesorias legales y costas en carácter de co-autor del hecho imputado.

3) A Carina G. (Personal policial prestando servicio adicional en el local bailable al momento del hecho) los delitos de Homicidio simple con dolo eventual; Incumplimiento de los deberes de funcionario público; y Falsedad ideológica de instrumento público agravada, en carácter de coautores y en grado consumado, todo en concurso real. Se solicita la pena de 19 años de prisión de cumplimiento efectivo; multa de dinero; inhabilitación especial para ejercer cargo o empleo público por el término de 1 año; e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena, más accesorias legales y costas, en carácter de co-autor de los hechos imputados.

4) A Gabriel N. (Personal policial prestando servicio adicional en el local bailable al momento del hecho) los delitos de Homicidio simple con dolo eventual; Incumplimiento de los deberes de funcionario público; y Falsedad ideológica de instrumento público agravada, en carácter de coautores y en grado consumado, todo en concurso real. Se solicita la pena de diecinueve 19 años de prisión de cumplimiento efectivo; multa de dinero; inhabilitación especial para ejercer cargo o empleo público por el término de 1 año; e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena, más accesorias legales y costas, en carácter de co-autor de los hechos imputados.