La compleja trama delictiva de la red de empresarios, contadores y escribanos desbaratada esta semana y acusada de lavar activos provenientes de bienes inmobiliarios obtenidos mediante estafas y de actividades narcocriminales fue todo un desafío para la Unidad de Delitos Económicos y Complejos. Como señaló a la prensa la fiscal de investigación y juicio, Valeria Haurigot, se trataba de un esquema de “delincuencia por estratos”, y los detenidos “no tienen una vinculación directa todos con todos pero operan a los efectos concretos de cometer delitos para llegar al lavado”.

Según describió Haurigot, la asociación ilícita funcionaba “a través de interacción celular, reticular en capas, donde cada uno tiene un rol concreto dentro de las maniobras delictivas”. En ese sentido, se identificaron tres eslabones, más algunos satélites. 

Estaban los captadores de inmuebles, los escribanos que realizaban la ingeniería documental para el traspaso de dichos inmuebles mediante documentación apócrifa y los empresarios con espaldas económicas para justificar la compra de los inmuebles. Los “satélites” eran los intermediarios, que contactaban a los peces gordos que se quedaban con los inmuebles malhabidos. Se conformaba así un auténtico pasamanos de bienes inmobiliarios con el fin de borrar la huella que llevara al propietario original del mismo, la víctima del ardid delictivo.

Además de la catarata de pruebas que la Fiscalía recolectó para exponer en la maratónica audiencia imputativa de este viernes, los investigadores contaron con un mapa, confeccionado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que explicaba la telaraña de conexiones entre los participantes de la red. 

En este esquema, al que Rosarioplus.com tuvo acceso, aparecen dos nombres ligados con el narcotráfico: Ariel Máximo cantero, del clan de Los Monos, y María Helena Portillo Retamar, a quien se señala como madre de Andrés “Gitano” Fernández, uno de los acusados del crimen de Diego Demarre, el dueño del boliche Infinity Night donde fue asesinado el Pájaro Cantero el 26 de mayo de mayo de 2013. Estos vínculos son los que llevaron al fiscal a sospechar de que esta red habría operado para lavar bienes provenientes de la narcocriminalidad. 

La legislación argentina sobre el lavado abunda en materia de pruebas para demostrar la existencia del delito. Desde la Unidad de Delitos Económicos y Complejos consideran que encontraron en esta red indicios que los acercan a la conclusión de que, efectivamente, se trató de una asociación ilícita conformada para tal fin. Señalaron, al respecto, la ostentación de bienes de alto valor patrimonial como automóviles de alta gama e inmuebles, entre otros; la incapacidad de demostrar una coherencia entre los ingresos lícitos y el ritmo de vida, y la vinculación con delitos precedentes, como en este caso, el narcotráfico.

Así, se imputó por lavado a ocho de los acusados: el gerente de La Capital, Pablo Abdala (quien se entregó este viernes ante la PDI), el agente financiero Jorge Oneto, el contador Marcelo Jaef, el fugazmente mediático empresario Leandro Pérez, el sindicalista Maximiliano de Gaetani y los escribanos Juan Bautista Alliau, Luis María Kurtzemann y Eduardo Torres.

Pero este mapa de conexiones revela que, para la Fiscalía, Pérez, Aymo, De Gaetano y Torres serían los hombres de la red con conexión directa a Cantero y Portillo Retamar. Habrían oficiado de intermediarios para concretar operaciones inmobiliarias con el fin de lavar dinero proveniente de actividades ligadas al narcotráfico.