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"Ninguna de las trabajadoras de ese privado es víctima de trata; estaban allí por decisión propia ejerciendo la prostitución. La prueba está en que no es la primera vez que se clausura ese lugar, y son ellas mismas las que vuelven a hacer todos los trámites necesarios para reabrirlo". Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), negó así la mirada oficial sobre la prostitución y, en particular, sobre el prostíbulo allanado el viernes pasado en Santa Fe al 3700. Pero además, rechazó la idea de penalizar a los clientes, tal como se propone desde la Municipalidad, porque eso redundaría "en darle otro negocio más a la policía".

En diálogo con Rosarioplus.com, Orellano negó que en el inmueble allanado por segunda vez frente a la Terminal de Ómnibus hubiera mujeres explotadas, y apuntó contra los “verdaderos prostituyentes”, en alusión a quienes medran con la actividad sin poner el cuerpo, como ellas: y citó ejemplos tales como los policías que las coimean y los locadores que les cobran el triple de alquiler a sabiendas de que su departamento será utilizado como privado.

La primera vez que la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas (AITP) allanó el departamento fue en noviembre de 2011, y la última en marzo de 2015. En ambas oportunidades, los policías detuvieron a la misma mujer, de nacionalidad dominicana, que actúa como encargada del lugar. Pero en esta última, el detonante no fue una denuncia por trata de personas, sino por agresión física de parte de una de las mujeres que trabajan allí.

Georgina explicó el modo en que las trabajadoras sexuales se organizan para tratar de clarificar un poco las cosas: “Las chicas, en su mayoría dominicanas y todas mayores de edad, lo que hacen es conformar una especie de cooperativa, en la que cada una pone la suma de 120 pesos diarios que se destinan a cubrir el alquiler y gastos de limpieza del lugar. Una trabajadora adeudaba varios días, se le venía perdonando el pago porque argumentaba que el hijo estaba enfermo y que el trabajo había bajado. Pero obviamente esto generó el descontento de las demás compañeras que aportaban en tiempo y forma, que le exigieron a quien se encarga de la administración que le eche del lugar hasta tanto no pague lo adeudado”.

Lo demás es historia conocida. La encargada reclamó a quien adeudaba esta importante suma de dinero, se generó la pelea y la posterior denuncia de la trabajadora sexual que ante la policía no contó toda la verdad.

“En tanto no haya una figura legal que ampare la organización esto va a seguir pasando”, lamentó Arellano. Y agregó: “Se ha ido al municipio miles de veces a ver qué forma darle y siempre lo que hay es una negativa. Esta ilegalidad en la que nos dejan hace que se generen ciertos abusos y se utilice la denuncia como modo de presión”.

Además aseguró que “siempre el hilo se corta por lo más delgado: Ahora nuestra compañera no tiene un problema, tiene un proceso que afrontar porque se le abrió una causa por algo que no es. No sólo eso, sino que son 10 compañeras, entre los dos turnos, las que están impedidas de trabajar en el lugar”.

La titular de Ammar fue más allá y subió la apuesta: “¿Realmente creen que dejaron de trabajar? No. Lo están haciendo menos protegidas y en peores condiciones. En definitiva somos nosotras las que ponemos el cuerpo”

Se apuró a dar otro ejemplo de cómo el hilo se corta siempre por lo más delgado: “Nosotras pagamos el triple de valor del alquiler de una casa normal, porque como saben que es para prostitución nos lo hacen pagar más caro. ¿Se persigue a estas personas que se benefician y se aprovechan de nuestra actividad?”

Además se manifestó en desacuerdo con las declaraciones de Andrea Travaini, directora del Instituto Municipal de la Mujer, sobre la posibilidad de penalizar al cliente como una medida para desalentar el consumo de prostitución y resguardar a las trabajadoras. “No creemos para nada que penalizar al cliente sea resguardar a las trabajadoras. Todo lo contrario. Esto se hizo en Mendoza y lo que sucedió es que perdimos poder de negociación con el cliente. Esto es: en qué condiciones queremos trabajar, en dónde y qué estamos dispuestas a hacer. Al sentirse perseguidos tuvimos que resignar lugar y control de la situación”.

Además agregó que “esta medida se piensa sin tener en cuenta a las trabajadoras sexuales y en definitiva sí es criminalizar la actividad y penalizarnos a nosotras que terminamos poniendo el cuerpo en condiciones cada vez menos favorables. Somos nosotras las que pagamos”. Y disparó contra el control policial asegurando que esta penalización lo que haría es “darle un nuevo negocio a la policía, en donde los clientes terminan pagando coimas para que no se los multe”.