“Bailaque no quiso allanar a Alvarado, pero sí a quienes vendían galletitas en un tupper”

La detención de dos jóvenes que comercializaban masas que supuestamente contenían cannabis despertó el debate en la sociedad y puso en tela de juicio el desperdicio de recursos que suele hacer la justicia federal al poner en marcha toda su maquinaria para perseguir este tipo de casos insignificante.

La venta de cannabis y productos de cannabis actualmente está penalizada por la Ley 27.737, que regula a los estupefacientes. Sin embargo, en este momento histórico se debaten nuevas políticas con respecto al uso del cannabis, ya sea para su uso medicinal como también para el industrial, tal como se anunció este martes con la promulgación de la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial.

“Si bien es ilegal y puede detenerse a estas personas dentro del marco de una ley vetusta, existe un concepto jurídico que es el de bagatela y son aquellas conductas humanas delictivas que por su poca insignificancia no constituyen una seria afectación al interés público y social”, aseguró Ignacio Canabal, psicólogo e integrante de la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac), en una entrevista con Ariel Bulsicco.

Para el profesional es importante detenerse en la gravedad de que hay dos personas detenidas y la causa cayó en manos del juez Martín Bailaque, denunciado ante el Consejo de la Magistratura,  y quien dijo no conocer los destinos delictivos de Esteban Lindor Alvarado, el narco más encumbrado de la ciudad de Rosario. “Tenemos que utilizar los recursos del Estado para perseguir cosas que realmente afecten a la salud de la población e influyan en el narcotráfico como un problema real o que tengamos leyes que no sean contradictorias entre sí”, dijo el profesional en Si 98.9.

Remarcó que por un lado sale una ley para impulsar la plantación de cannabis, pero al mismo tiempo se detienen a unos chicos que están vendiendo galletitas. En este caso, además, se hizo un allanamiento a la casa donde convivía esta pareja y se encontró una pequeña planta en un indoor. “En el caso Alvarado este juez (Bailaque) no quiso accionar ni allanarlo. Autorizan un allanamiento con a quienes venden galletitas en un tupper, pero a Alvarado con toda la prueba en su contra no”, denunció Canabal, fustigando el accionar de la Justicia.  

Pare el experto hay que fomentar que existan lugares del Estado para trabajar las problemáticas de consumo y lamentablemente el poco dinero que se tiene para la lucha contra el narcotráfico se dedica para este tipo de casos. “Pensemos que allí intervino prefectura, ahora el juez tiene que elevar pericias y tiene que citarlos, una cantidad de dinero y recursos destinados para detener a dos personas que vendían muffins en vez de perseguir problemáticas reales como lo es el narcotráfico”, arguyó en el final.