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El acampe de este martes por la mañana en el espacio cultural Let’s Dance, de Callao y Güemes, parece ser el primero de lo que será una gran movida de protesta en el barrio de Pichincha. Es que, según anticiparon desde la Multisectorial contra el Tarifazo, la situación de los comerciantes de la zona va a ir empeorando con la llegada de las boletas con los nuevos incrementos en el servicio de luz, gas y agua. Estiman que unos 40 locales están en la misma situación que el negocio que por estas horas ocupa titulares de la prensa local. 

"Dar un plan de pago es una forma de extorsión que tiene la EPE con el aval del poder ejecutivo", disparó Juan Alcaraz, abogado de la Multisectorial contra el Tarifazo, en diálogo con Rosarioplus.com, y agregó: "Si los comerciantes no pagan, le cortan la luz, lo cual lleva al cierre de una fuente laboral".

El espacio cultural Let’s Dance dejó de pagar sus facturas amparado en el compromiso de la provincia de no hacer cortes a pymes. Sin embargo, llegó la notificación de corte. 

"El gobernador, por un lado, sale a defender algunos puestos de trabajo, y por el otro, no defiende a los comercios o las pymes que no pueden hacer frente al pago de los servicios", señaló el letrado y remarcó: "La gente no es que no quiera pagar, no puede pagar". 

Según comentó Alcaraz, en el mes de febrero, un local gastronómico ubicado en calle Pellegrini no pudo pagar el servicio eléctrico a término y, sin intimación alguna, le cortaron la luz.

En cuanto a la demanda que la Multisectorial contra el Tarifazo realizó en la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones, en diciembre del año pasado, para solicitar que la Empresa Provincial de la Energía evite cortar el suministro eléctrico en pymes que no puedan hacer frente al incremento del servicio, el abogado anticipó que la justicia ya "tendrían que haber dictado alguna resolución" al respecto.

"En el sector de Pichincha hay de 30 a 40 locales comerciales que están en la misma situación que Let’s Dance", advirtió Alcaraz y agregó: "No queremos ir a la vía judicial, pero a eso nos impulsa el gobierno provincial".

Además de las apelaciones y demandas que se realizan a nivel provincial y nacional, desde la Multisectorial contra el Tarifazo están analizando la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales para denunciar la situación de los comerciantes, ya que consideran que los incremento en los servicios están violando el derecho a la vivienda digna y las condiciones mínimas de habitabilidad. "La situación va a ir empeorando porque van a llegar las facturas con los nuevos incremento", concluyó el abogado.