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A un año de haber asumido en el poder, el gobierno nacional decidió declarar la emergencia en materia de adicciones, que busca la “inclusión social” de quienes mantienen un consumo problemático de drogas. La medida va a contramano del vaciamiento y desmantelamiento que sufrieron los programas implementados por el anterior poder Ejecutivo para contener el avance de este flagelo.

En 2014, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) desembarcó con fuerza en Santa Fe en el afán de intentar contener a aquellos jóvenes y adolescentes que arrastraban problemas de conducta por el consumo de estupefacientes. Las políticas públicas apuntaron, principalmente, a ayudar a los habitantes de los sectores más postergados, imposibilitados de acceder a los tratamientos privados.  

Lo primero que se hizo fue crear la Casa Educativa Terapéutica (CET) en Granadero Baigorria, una experiencia pionera  en el país que fue pensada e impulsada por la intendencia local. Hasta fines del año pasado, este establecimiento albergó un promedio de 30 jóvenes  de entre 16 y 28 años. Los registros dan cuenta que participaron chicos de Baigorria, Rosario, Puerto San Martín, Bermúdez, Oliveros, Timbúes y Funes.

La Casa llegó a tener más de 30 profesionales, entre médicos, enfermos, psicólogos, psiquiatras y pedagogos. Se trabajaba con terapias específicas y talleres que buscaban la estimulación de los asistentes, muchos de los cuales lograron con el paso del tiempo reinsertarse en la educación formal al retomar estudios que habían sido abandonados.     

“Tenemos situaciones complejas donde no sólo prima el consumo sino situaciones de vulnerabilidad social, desde lo económico, desde lo familiar, chicos con escasa escolaridad o prácticamente nula. Hay casos de analfabetismo y situaciones donde el consumo quizás es lo menos grave de todo lo que a los chicos les está pasando”, contó su directora Karina López en 2015 al cumplirse el primer aniversario del establecimiento.

Más tarde, se inauguraron en el Gran Rosario tres de los 150 Centros Preventivos Locales de las Adicciones (Cepla) que el Sedronar abrió en todo el país en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental y de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que demandó una inversión de  más de 2.000 millones de pesos.

Juan José Paso y Travesía, República de la Sexta, y Villa Gobernador Gálvez fueron los lugares elegidos para la puesta en marcha de este proyecto. El objetivo trazado fue el de poder trabajar las adicciones desde “cuatro dimensiones”: el encuentro, la contención, la formación y la recreación.

“Lo más destacado es que en estos centros se deja de perseguir al consumidor debido a que se entiende que el consumo es problemático y está asociado a un montón de derechos vulnerados”, coincidieron los directores de los tres espacios locales al momento de la inauguración.

Ni voluntad política ni recursos

El plan de ajuste impulsado por el gobierno de Mauricio Macri alcanzó a los principales programas del Sedronar. A principio de año, una veintena de trabajadores del CET de Baigorria quedaron en la calle. Nación dio la orden de renovar únicamente los contratos de la directora del establecimiento y de cuatro médicos que dependían del programa nacional Médicos Comunitarios

En febrero, el gobierno nacional escuchó el reclamo de los trabajadores y decidió extender los contratos por 90 días. Pero una vez agotado el plazo, los empleados volvieron a quedar en la calle. En el medio, el municipio de Baigorria amagó con hacerse cargo de los gastos de mantenimiento (250 mil pesos mensuales), iniciativa que rápidamente fue desestimada.

“Vaciaron el proyecto y nos echaron a todos. Así de simple”, le explica a Rosarioplus.com Federico Cassale, ex trabajador del programa. “La mayoría de los chicos volvieron a sus estado de vulneración. Hoy en el lugar funciona una oficina, ya no hay contención alguna. Se tiró todo por la borda”, agregó indignado.  

Cassale afirmó que con esta política los sectores vulnerados quedan fuera de cualquier asistencia en materia de adicciones. Para recibir el mismo tratamiento del CET hoy se necesitan más de 30 mil pesos mensuales. “Todo queda reducido a las clínicas privadas. Es una lógica que se repite en este gobierno”, reflexionó.  

El desinterés por sostener políticas activas en materia de adicciones alcanzó también a los Cepla. Semanas atrás, las autoridades del Sedronar se comunicaron con la institución ubicada en calle  Juan José Paso 2067 (llamada “Juntos a la par”), que en la actualidad recibe a 60 jóvenes de los barrios Toba e Industrial.

“Nos comunicaron que no le darán continuidad el año que viene. Esto implica el cierre de una institución en la zona norte de nuestra ciudad, donde los y las jóvenes puedan estar contenidos y se los pueda acompañar a construir un proyecto de vida alternativo al que diariamente les propone una sociedad que los ve como peligrosos y que les priva la posibilidad de tener acceso al trabajo, a la salud y los transforma en víctima de la violencia institucional”, explicaron a través de un comunicado.

De los nueve trabajadores del Cepla solo tres, dos sicólogos y un antropólogo, serían reubicados en otras dependencias estatales. Los seis talleristas no tienen garantizado su futuro laboral. Aunque aún no hay nada oficial, todo hace suponer que los Cepla de La Sexta y de Villa Gobernador Gálvez también serán desmantelados.