El gobierno nacional reglamentó un artículo de la Ley Nacional de Alquileres que impone la obligatoriedad de dueños y corredores inmobiliarios de registrar todos los contratos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. La medida fue celebrada por las agrupaciones de inquilinos que consideraron a la decisión de como "un gran primer paso".

"Estábamos esperando la reglamentación, ya que lo establecía la Ley. Era uno de los reclamos que le veníamos haciendo al Ejecutivo", afirmó Ariel D'Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, en diálogo con Rosarioplus.com, y agregó: "Nos parece un gran primer paso, y nos va a permitir conocer muchísimas cosas".

En cuanto a la posibilidad del organismo nacional de fiscalizar los convenios entre locador y locatario, el militante de la Concejalía Popular y el Social Metropolitano aclaró: "El control se va a poder realizar sobre las inmobiliarias inscriptas. Los contratos con particulares, abogados, estudios contables o corredores truchos, van a ser muy difíciles de poder inspeccionar, salvo que el inquilino haga la inscripción".

"Aquel alquiler que está en blanco no va a tener ningún tipo de modificación", remarcó D'Orazio y agregó: "El inquilino que necesite tener un comprobante válido como factura va a poder inscribir el contrato en AFIP para entrar en un grado de formalidad impositiva".

Respecto de los anuncios de algunas inmobiliarias, que vaticinan un exponencial incremento en le precio de los alquileres tras la nueva medida, el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor manifestó: "Los aumentos se dan históricamente, quieren justificar las subas de acuerdo a la nueva ley, es algo que vienen haciendo de forma sistemática. Ya hemos notados incremento por encima del 40% interanual sin que se ponga en marcha ningún registro; en algunos casos hay renovaciones donde se solicita un 80/90 por ciento de incremento".

"El registro va a permitir tener cierta información que va a mejorar la relación con el valor del alquiler, porque vamos a conocer a grandes rasgos el universo de inquilinos y los legisladores y ejecutivos van a poder diseñar políticas públicas atendiendo las problemáticas del sector", indicó D'Orazio y destacó que también se va a lograr un control de cláusulas abusivas y obtener un mapeo de los valores. "Cuando tenga esto, el Estado va a poder crear valores de referencia en materia locativa", anticipó.

"En los últimos años, el Estado se ha retirado de las políticas de acceso a las viviendas para los sectores medios y por eso tenemos este abuso", afirmó el militante de la Concejalía Popular y el Social Metropolitano, y reclamó la implementación de un programa similar al de "vivienda protegida" que se aplica en España.

Una nueva etapa

Por su parte, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados manifestó: “Con el registro de contratos de alquiler en Afip se abre una nueva etapa en las políticas de vivienda en argentina. Ahora se podrá saber quiénes conforman el negocio del acceso a la vivienda y quiénes alquilan y bajo qué condiciones".

"Es una medida fundamental para que los gobiernos puedan llevar adelante políticas públicas para mejorar las condiciones del acceso a la vivienda. Por último, con esta medida, se termina la posibilidad del incumplimiento de la ley de alquileres. Estamos muy orgullosos de la ley de alquileres y la seguiremos defendiendo hasta que se implemente y se controle en su totalidad”, remarcó el militante social y concluyó: "En un mercado que se calcula el 80% se maneja en la informalidad es fundamental esta medida para terminar con una evasión multimillonaria, para que los inquilinos reciban facturas y puedan hacer cumplir sus derechos".