Desde la Asociación de Abogados Ambientalista de Argentina se sumaron al rechazo del nuevo proyecto de Ley de Humedales que fue presentado el pasado lunes por el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié y que es fuertemente rechazado por las organizaciones ambientalistas. Sostienen que se trata de un recorte del proyecto anterior que contó con el consenso de centenares de organizaciones de todo el país. Había obtenido dictamen unificado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación en noviembre de 2020, y perdió estado parlamentario un año después.

“Este proyecto oficial es manifiestamente regresivo y afianzará la degradación y retroceso de los humedales en nuestro país, aparentando su protección”, argumentaron desde la asociación. En comparación al proyecto de ley apoyado por más de 300 organizaciones, asambleas, multisectoriales, especialistas y científicos, y presentado por el diputado Leonardo Grosso, esta iniciativa elimina al menos 25 artículos.

La supresión, dicen los abogados, comprende elementos vitales para el diseño de una política federal para proteger integralmente los humedales en el territorio nacional, avalando una visión meramente instrumental de estos ecosistemas, sin control alguno por parte del Estado; altera sutil aunque gravemente la definición de humedal, suprime otras definiciones estratégicas, eliminando principios, conceptos, objetivos de protección, funciones y deberes de la autoridad nacional de aplicación y conductas prohibidas y aniquila el Inventario Nacional de Humedales, entre otros “arbitrarios retrocesos”.

“Este proyecto del ministerio de Ambiente y el Cofema tiene el lamentable objetivo de bloquear el proyecto que impulsa la sociedad civil, como ocurrió en el año 2010 con la Ley de Glaciares donde los sectores mineros impulsaron -infructuosamente- un proyecto de Ley de Glaciares que los desprotegía. Así llevamos 10 años de brutales embestidas de los lobbies de la agroindustria, la gran minería y la especulación inmobiliaria que no quieren ninguna regulación, por más mínima que sea, sobre estos ecosistemas vitales”, denunciaron.

Consensuada por la sociedad civil, la norma anterior fue ingresada por cuarta vez el pasado 2 de marzo, contando con la firma de más de 15 diputados/as. Sin embargo, insólitamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a cuatro meses de su presentación, “no asignó los giros a las comisiones correspondientes dejando el proyecto en un limbo que no permite tratamiento alguno”.

Análisis crítico de los abogados ambientalistas sobre la propuesta de Cofema

Desde una mirada técnica, los letrados agrupados se sumaron al planteo crítico de este miércoles por parte de  la Multisectorial Humedales. Afirmaron que el nuevo proyecto modifica sutil pero gravemente la definición de humedal reduciendo el ámbito de aplicación de la ley y los ecosistemas que protege.  Además indicaron que suprime  la definición de expresiones como “uso racional”, “integridad ecológica”, “Evaluación de Impacto Estratégica” y “Evaluación de Impacto Ambiental”, “Preservación” y “Enfoque ecohidrogeomórifico”.

En tanto advirtieron también que el nuevo proyecto “pervierte los objetivos de la ley”, distorsionando los alcances de protección y “des-responsabilizando al Estado” mediante el uso de verbos en modo potencial. Conjuntamente, “elimina directamente” todas las funciones de la autoridad nacional de aplicación, desmereciendo cualquier intervención basada en la coordinación interjurisdiccional liderada por una autoridad federal, por otra parte “suprime plazos “para que, tras la sanción de la ley nacional, las provincias deban “elaborar un ordenamiento ambiental territorial” que incorpore a los humedales en sus territorios.

“Insólitamente, destruye la noción de Inventario Nacional de Humedales al considerarlo facultativo y no como un deber del Estado, lo que implica una sentencia muerte legal para los humedales, antes siquiera de ser reconocidos como tal. También elimina plazos, las escalas de protección y el deber de actualización, “añadieron los letreados expertos en derecho ambiental quienes agregaron que el nuevo designio “quita la moratoria, siendo ello una violación directa de los principios preventivo y precautorio, que son la columna vertebral en materia ambiental”.  

Por último, detallaron otros puntos que hoy están fuera de la posible norma. Tal es el caso de la expulsión de pueblos originarios  y a la agricultura familiar del Programa Nacional de Conservación de Humedales que se suma a la restricción inconstitucional al derecho de acceso a la información pública.