La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas advirtió que la empresa belga Jan De Nul realiza un sobredragado en varios tramos del canal comercial donde navegan los buques en el río Paraná, en dos pies, es decir más de 50 centímetros del dragado usual, para garantizar la navegabilidad por la gran bajante del agua. La preocupación reside en los efectos que puedan haber en el ecosistema, ya que esta tarea se realiza sin estudios de impacto ambiental.

A comienzos de junio elevaron un pedido de información a los ministerios de Transporte y de Ambiente de la Nación, para que detallen bajo qué condiciones técnicas se realiza el sobredragado. Y la sorpresa arribó cuando desde Ambiente se respondió al pedido con una carta donde se manifestaba no contar con información al respecto, y se hizo saber que el reclamo se elevaba a la propia empresa de dragados.

El abogado Lucas Micheloud precisó a Rosarioplus.com que “Ambiente nos dijo que le iba a llevar nuestro reclamo a la empresa, y la verdad, nos parece una tragedia que desconozcan esa información, porque es una muestra clara de que esto se hace con total impunidad porque en los ‘90 el río se convirtió en una autopista fluvial con impactos ambientales graves como la calidad del agua”.

Desde su mirada, “el tema hidrovía tiene una disputa política tensa y grande, y eso hace que el control sea más complejo. Y hoy la Hidrovía Paraná-Paraguay no tiene control, ha delegado la gestión a esta empresa, como si estas tareas no fueran inocuas al ambiente: los privados son los que están disponiendo el uso y abuso de la cuenca”.

De esta forma, lo que se busca saber es cómo se autorizaron los sobredragados, que funcionan desde mayo pasado, porque “esto implica la remoción de los bancos de arena, ensanchamiento del fondo del río y la suspensión de sedimentos en el fondo barroso y arenoso, lo que tiene múltiples impactos: en la fauna ictícola, la calidad del agua, el oxígeno en el agua. Entendemos que en este contexto esto es un crimen ambiental, avalado por el Estado Nacional y en menor medida el provincial”, aseguró Micheloud.

“Ambiente nos confirmó que no tienen conocimientos de las tareas de sobredragado”, aseguró, y analizó: “Es realmente preocupante que la cuenca más grande q tiene el país esté auto regulada en su dragado por una empresa privada que desconocen. Y desde el Ministerio de Transporte aun no contestaron”.

Sobre esto, también agregó que “el Estado provincial mira desde afuera en materia de controles, en el tema sobredragado no tienen una opinión propia, y  cuando fueron las sucesivas quemas de las islas responsabilizaron al gobierno de Entre Ríos”.

En consonancia, la abogada miembro de El Paraná no se toca Romina Araguas destacó que “en una situación hídrica tan crítica es importante que se realicen estudios de impacto ambiental, y tampoco hay consulta popular. No hay ningún aval ni se sabe seriamente cuáles son las consecuencias que puede causar este ensanchamiento del canal”.

Bajo su punto de vista, “un dragado de esas características en los humedales tiende a secarlos aún más, porque el agua se profundiza con el dragado, y eso hace que la poca agua no llegue al valle de inundación, y se va perdiendo el territorio de islas. Eso genera un cambio enorme en la flora y en la fauna, en los peces que usan las lagunas e islas para reproducirse y crecer”.

La Asociación de Abogados ambientalistas reclamó el pasado lunes la intervención al Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS).

“Estamos reclamando que nos muestren el pliego de concesión que se dio a esa empresa desde 1995, en una licitación completamente desambientalizada. Esa concesión venció en abril pasado, fue prorrogada, y se habla de una nueva prórroga de 12 meses desde la AGP”, puntualizó.

Todos los indicadores precisan que este fenómeno de la bajante continúa durante el invierno y hasta fin de año o principios de año que viene. Y el origen, según el ambientalista Micheloud, “es el cambio climático que generó la falta de lluvia a raíz de las deforestaciones de Argentina, Paraguay y el norte de Brasil también. El sistema de represas es otro adicional, pero no es la principal causante como dicen oficialmente”.

Pedido de informes y problemas en el servicio del agua a la vista

En sintonía con los reclamos de las organizaciones ambientalistas, la diputada elevó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo dé cuenta de dichos permisos, y también le solicitó al Gobierno Provincial la urgente convocatoria al PIECAS.

Recordó que producto de la bajante y los sobredragados se observaron los derrumbes costeros: “Vemos como desaparece nuestra superficie costera, nuestra historia, los humedales y toda la vida que habita allí”.

Peralta destacó entender que “la meta es aumentar dos pies adicionales para compensar el bajo nivel del río con el fin de facilitar el tránsito fluvial disponiendo, para tal objetivo, de cinco dragas en actividad las 24 horas y los siete días de la semana”. Es por eso que pidió respuestas a las autoridades, sobre “si buscar garantizar la continuidad de un modelo vale más que cuidar nuestro ambiente”.

Finalmente evaluó como “de extrema gravedad” la decisión de avanzar en estos trabajos “sobre un río ya golpeado por la bajante”. Y cuestionó “el silencio del gobierno de Santa Fe ante las tareas de dragado que se vienen realizando día y noche en el Paraná siendo nuestra provincia la más afectada de la llamada Hidrovía con 800 de los 1200 kilómetros de extensión sobre sus costas”.

“Estamos siguiendo con mucha preocupación como se está comenzando a ver afectada la captación de agua en las siete plantas del río Paraná que brindan suministro de agua potable a más de 2 millones de santafesinos”, alertó la Diputada quien forma parte de la Comisión de Medioambiente y recursos naturales de la Cámara de Diputados.