No son solo de acá: cómo es el reclamo por los humedales en otras provincias

Los rosarinos y los santafesinos que están a la vera del río Paraná  incorporaron en estos últimos tres años la mayor conciencia socioambiental de la historia. Fue a fuerza de realidad por observación pasiva de cómo se extinguían las islas entrerrianas, de ver animales huyendo, columnas de humo que dependen de los vientos y cenizas que no dejan respirar. Un escenario que se repite desde enero de 2020, cuando las quemas de pastizales por ganadería y en plena temporada de sequía por La Niña volvieron inviable la vida en la ciudad.

Las organizaciones socioambientales y miles de ciudadanos de esta región se nuclearon desde entonces en la que dieron en llamar Multisectorial Humedales. Se realizaron marchas históricas por el puente a Victoria y travesías en kayak hasta el Congreso de la Nación. La Multisectorial se encontró con más de 300 organizaciones a nivel nacional en la Red Nacional de Humedales (RENAHU) y juntas fueron las artífices, junto a científicos y especialistas, del proyecto de Ley de Humedales. El proyecto, conocido como “el consensuado”, perdió estado parlamentario en 2021,  en 2022 fue reimpulsado por el diputado Leonardo Grosso  y hoy tiene dictamen, pero por minoría, y se espera que en 2023 haya verdadera intención de debatir en la Cámara de Diputados, en un año electoral, y a pesar de que no ingresó en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero.

Para llegar hasta acá, el punto más cercano a una ley que regule los presupuestos mínimos de todos los humedales del país, no solo dieron batalla las decenas de organizaciones ambientalistas del Litoral santafesino. Fue clave el reclamo unánime desde tantas otras provincias como Chaco y Corrientes (con Somos Monte y Guardianes del Iberá), Rio Negro (Piuqué), Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos (Multisectorial Humedales también) y Buenos Aires (en Ramallo y Tigre).

Es que humedales hay de todo tipo: en ecosistemas del río, como en el Delta del Paraná, y también en lugares con problemas de sequías críticas constantes, como las cuencas hídricas de Mendoza o los mallines en Bariloche. Por eso el proyecto de ley contempla un inventario donde se conozcan las características de cada humedal, para que luego la regulación sea aplicable a todo el territorio ajustando a las necesidades de cada región.

Rosarioplus.com quiso conocer entonces cómo son esos ecosistemas de humedales, y de qué manera los busca proteger el activismo en otras provincias y bajo circunstancias muy disímiles a las quemas de islas de acá. 

Los humedales de los esteros correntinos y el extractivismo

Los esteros de Corrientes representan el 50 por ciento del territorio de la provincia. Sus habitantes, tanto los que habitan dentro como los aledaños, tienen un vínculo muy allegado a su tierra. Son humedales en bañados y cañadas, ecosistemas característicos y ciudades costeras e islas, similares a las entrerrianas frente a Rosario, donde se practica la pesca artesanal.

Los vecinos del Iberá comenzaron a organizarse hace 12 años luego de detectar extractivismo en su región con monocultivo forestal, arrocero y ganadería furtiva. La organización pasó a llamarse Guardianes del Iberá y está conformada en su mayoría por campesinos y aborígenes. Ellos, junto Somos Monte,  son algunas de las primeras organizaciones en reclamar una Ley de Humedales nacional, y siguen desde entonces todos los procesos e intentos de elevar a las Cámaras el proyecto.

“En aquellas islas no hay ganadería como en Entre Ríos, y por eso no hay quema de pastizales. Pero sí hay intereses de explotación inmobiliaria en zonas de islas de Itatí, y por esto las quemas se hacen como limpieza por fuego, que se hizo mucho a comienzos de 2022 frente a Corrientes capital”, recordó el activista de Guardianes, Cristian Piriz, en diálogo con Rosarioplus.com.

Por este asunto varias organizaciones ambientales y sociales crearon la asamblea Basta de Quemas, y colgaron una bandera en el puente con Chaco. “Hicimos marchas, manifestaciones, movidas culturales, sobre todo en la capital correntina pero también en otras ciudades. Incluso colaboramos con los cuarteles para frenar el incendio forestal”, relató Piriz.

En esta provincia, a pesar de ser la mitad humedal, no hay un Ministerio de Ambiente. El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente tiene un poder de policía, regula con un interventor las acciones sobre tierras fiscales, y según plantean los ambientalistas, “es funcional a las actividades productivas, y a esta se suma una dirección de recursos naturales para regular las actividades productivas de pesca y caza, que depende de Turismo provincial”.

La catástrofe ambiental por los incendios forestales de Corrientes en enero de 2022 dieron pérdidas masivas de biodiversidad, y “fueron provocados por el mal manejo del ecosistema por pate de productores, que ampliaban los territorios para los desarrollos inmobiliarios y producciones arrocera y ganadera”, aseveró el referente de Guardianes del Iberá. Más de medio millón de hectáreas, un 10 por ciento del tamaño de la provincia, fue incendiado. 

“El Estado no lo pudo contener, veníamos de una sequía prolongada con La Niña, y el río bajo. Debían haber hecho una campaña de rigurosidad en la quema. Se les fue de las manos porque no hubo estructura suficiente, y nuestros bomberos voluntarios son de pastizales, no de bosques”, aseguró sobre esta pérdida masiva de biodiversidad. En torno al bosque nativo, todavía no se conoce cuanta pérdida hubo de especies de fauna y flora, y “tampoco hay medidas de recuperación desde el Estado. Solo se fortaleció cuarteles de bomberos y se creó recientemente una brigada forestal”.

“Si la Ley de Humedales avanzó hasta acá fue por la lucha ambientalista, porque a los políticos de bloques mayoritarios no les interesa la protección de los humedales, ni al oficialismo ni a Cambiemos. Se logró al menos el dictamen de minoría. Siempre supimos que no íbamos a lograr todo, pero al menos cada vez hay más herramientas y vamos a pelear para mejorar cada artículo del dictamen por mayoría. Este año los seguiremos presionando a los diputados desde cada provincia para que incorporen el tema en sus agendas”, reflexionó Cristian Piriz.

En 2020 fue aprobada una ley provincial en Corrientes como respuesta política al reclamo de las organizaciones ambientales, impulsada por el ahora diputado nacional correntino Jorge Vara. “Aunque esa ley terminó siendo más de tinte productivo, al menos celebramos que sienta un precedente para tener este piso mínimo a la ley de humedales que tengamos”, arguyó Piris.

Los humedales del sur son mallines y estaciones playeras de aves

A diferencia del Litoral, una de las mayores amenazas en la Patagonia es la escasez del recurso del agua, que es del deshielo. Existen en esa región los mallines, que son aguadas en medio de las estepas, que se forman con hilos del agua de las montañas. Son considerados humedales, y allí es donde pastan ovejas, chivos y guanacos.

“Los mallines son fundamentales para la ganadería, y siempre que hay un mallín hay una población cerca. Si se descuenta la cordillera de Los Andes, casi todo el territorio es estepario. Son ecosistemas escasos de agua”, precisó Alejandro, de la asociación ecologista Piuque de Bariloche.

En San Antonio Oeste hay otros humedales, que son protegidos por las Naciones Unidas: son estaciones playeras, y las organizaciones de la costa trabajan mucho contra especulaciones inmobiliarias y turísticas. “La población se organizó con acampes y resistencias, y se impidió construir un complejo privado frente a la Playa Serena en Bariloche”, indicó el ambientalista barilochense.

Es que además del agua de montaña, en el sur se consideran humedales a las estaciones playeras en la costa, donde realizan paradas las aves migratorias para tomar agua. Y aunque los ambientalistas sureños acompañan con acciones y adhesiones el reclamo por la Ley de Humedales, su gran lucha es para frenar la megaminería.

“La principal amenaza a las comunidades es la megaminería metalífera, que requiere de uso de mercurio y cianuro. Cada vez que una empresa quiere explorar, se hacen permisos de exploración, y ya suman unos 4 mil. Exploraron durante muchos años y ahora están cerca de comenzar a explotar, ya que hubo una ley que prohibía el uso de cianuro, pero fue derogada en 2011 en Rio Negro. Son luchas intensas, así fue el Chubutazo”, aseguró el joven. Y recordó después: “En octubre pasado hicimos una manifestación frente a la playa del Nahuel Huapi, donde se sumaron reclamos pluriculturales de los mapuches por las tierras, y hubo intervenciones artísticas y muestras ecológicas”.

Alejandro explicó que los ambientalistas y el pueblo mapuche se encontraron esta lucha y van juntos. "Considerando siempre que habitan hace 200 años esas tierras que son fiscales, y que el Estado hace negocios inmobiliarios millonarios volviéndolas privadas. Así fueron detenidas las mujeres mapuches, como un escarmiento para que no reclamen sus propias tierras. Se suma la extranjerización de las tierras a millonarios internacionales. En esas luchas mataron a Maldonado y a Rafael Nahuel, y por esta problemática el año pasado tuvimos cuatro muertos más por las represiones. Una de las mujeres mapuches detenidas en octubre pasado ahora es pariente de Nahuel”. 

Finalmente, aclaró que por esta gran lucha contra el extractivismo el ambientalismo del sur acompaña el reclamo por la Ley de Humedales pero no tiene una campaña propia puntual. “La situación se da más con la minería. Una vez hicimos una movida en la playa para socializar el reclamo nacional. Porque encima no se informa en las noticias de lo que se reclama por Ley de Humedales. Nos enteramos por lo articuladas que están nuestras redes con otras organizaciones del país, nunca por los medios de acá, porque operan con los negocios del gobierno y las empresas”, explicó el activista. Así, propiciaron actividades para sensibilizar a la población con difusiones bajo el lema de ¿Qué humedales tenemos acá?, con especialistas en preservación y biología con su conocimiento del territorio y de las problemáticas, cuestionando sus causas.

Los sitios RAMSAR, la crisis del agua y el extractivismo en Mendoza

La situación hidrológica en la provincia de Mendoza está en emergencia desde hace 12 años. La sequía se agudizó el último tiempo porque el caudal mínimo fue histórico. Los últimos años ha nevado, lo que conlleva el deshielo de las montañas, y sin embargo el caudal sigue siendo cada vez menor y hay una crisis histológica.

Mendoza tiene humedales en el cinco por ciento del territorio provincial, 740 hectáreas aproximadas. Se trata de tres sitios que fueron declarados de protección internacional (sitios RAMSAR): la laguna de Llancanello en Malargüe, que depende del agua de lluvia y está en proceso de sequía; una laguna de la empresa Dadone en el departamento Las Heras, en Villavicencio; y los arroyos de Guanacache en el departamento Lavalle, que reciben aguas residuales y tiene problemas del caudal de agua luego de la construcción del dique Potrerillos.

“Al bajar el agua sube la salinidad, y a eso se suman la contaminación, construcción inmobiliaria y desmonte, y produjo una mortandad enorme de aves y peces. Eso generó conciencia en el reclamo de la Ley de Humedales en la población mendocina”, rememoró Graciela Hermoso, socióloga y activista de la Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP) y los colectivos socioambientales de la provincia de los vinos.

Además de los RAMSAR, en el centro norte de Mendoza hay otro humedal, el sistema Leyes-Tulumaya, ambiente acuático importante ya que sustenta una diversa avifauna residente y migrante. Su nombre deviene de los Arroyos Leyes y Tulumaya, que anteriormente formaban parte de una gran ciénaga de lagunas y humedales.

A fines del siglo XIX fue impulsado el drenaje de esta gran ciénaga, y el ambiente fue modificado dejando pequeñas lagunas. A pesar de los factores antrópicos que ha sufrido el sistema, urbanización, drenado y cultivo de gran parte de los humedales originarios de las zonas, el sistema Leyes-Tulumaya aún mantiene gran parte de la riqueza biológica y funcionalidad ecosistémica de aquel ambiente.

La socióloga ambientalista recordó en torno al reclamo nacional por la Ley de Humedales: “Fue enorme la adhesión de la sociedad mendocina al proyecto de ley consensuado. Desde 2020 tenemos asambleas de distritos que vienen reclamando, y muchos ciudadanos que no son activistas también se han sensibilizado mucho porque se redujeron los humedales vivos que tenemos acá”.

Gran parte de la población carece de agua para sus animales y riego en la zona árida del Secano. Son humedales con niveles de inundación con características acuáticas y terrestres que van cambiando a lo largo del año, y que permanecen golpeadas por la sequía extrema.

La identidad de Mendoza está ligada al agua, según aseguró Hermoso, y en este sentido desde hace muchos años que se implementan prácticas para los cultivos y la población. Así, los viñedos tienen derechos al agua para riego en determinada temporada, y el Gobierno se las racionaliza en diques. Sin embargo, el activismo ambiental observa una fuerte censura sobre las preocupaciones ambientales ante el fracking que se extiende, los emprendimientos inmobiliarios, el lobby minero y petrolero en la provincia.

Hermoso aseguró que “en vez de haber una gestión sobre el ambiente, el Estado entrega terrenos a los privados. Las comunidades científicas y de la Universidad Nacional de Cuyo advirtieron sobre la contaminación del fracking con estudios, pero igual se permite desde el gobierno anterior, tanto del peronismo como Juntos por el Cambio”.

Ejemplificó que “en la Laguna del Viborón muchas hectáreas de glaciares se están entregando, y ambientalistas que se acercaron advirtieron la salinización y mortandad de los peces allí. Dieron aviso al gobierno, y sin embargo no dieron ningún diálogo a las asambleas y colectivos socioambientales. Y los partidos políticos son socios minoritarios de los acuerdos económicos, y desconocen los datos científicos que aportamos sobre la contaminación”, aseveró la activista.

El Gobierno hace campañas del uso racional del agua en la población ante la escasez, “pero no lo hace con las empresas, las cuales encima operan en las nacientes de la montaña, y por su uso, luego contaminan el agua que tomamos de la canilla”.

A este panorama complicado, agregó que “los medios están pautados, son socios del lobby empresario, entonces no hay noticias sobre los proyectos extractivistas”. La conciencia ambiental, sin embargo, generó en 2019 una marcha que fue la de más asistentes en la historia de Mendoza, con unas 60 mil personas, superando el cerco mediático que hay en dicha provincia.

En diciembre de 2019, el pueblo de Mendoza protagonizó diez días históricos de movilizaciones callejeras frente a su Casa de Gobierno, en reclamo de revertir la modificación de su ley N° 7722 y el avance de otra ley que permitía la explotación de megaminería con cianuro (la 9209).

La Ley 7722 delimita la minería metalífera por el uso de sustancias toxicas (ácido sulfúrico, mercurio, cianuro y otras similares), y fue consensuada por científicos y especialistas en 2007. Se trata de un ejemplo local similar a la Ley de Humedales, donde el proyecto nace desde la sociedad hacia el Congreso con un consenso casi absoluto.

“A lo largo de los años, hubo 10 presentaciones de inconstitucionalidad por parte del lobby minero”, recordó la ambientalista mendocina. Y agregó: “En 2019 se creó otra de ley de explotación con cianuro, pero duró una semana por la presión social de estas marchas durante tantos días, y entonces se volvió a aplicar la 7722”.

El 2019 fue un año que se tomó conciencia porque además de los cambios de ley, entendieron que el agua que tomaban podía ser contaminada por el uso de cianuro y otras sustancias en las nacientes de las montañas. La gente joven de todos los departamentos reaccionó rápidamente y la presencia colectiva de organizaciones y toda la comunidad en las calles, fue la manifestación más popular que hubo en Mendoza en la historia. 

A pesar del triunfo indudable desde la población con conciencia social, Hermoso aseguró que “esa ley sigue siendo amenazada porque el Estado Nacional y todos los gobiernos ven la minería como única salida a la crisis económica”.

Finalmente Hermoso enfatizó en precisar que “América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor pérdida de biodiversidad en el mundo: entre 1970 y 2018 se perdió el 94 por ciento, mientras que para el mismo periodo en el mundo la disminución fue del 69 por ciento según estudio de Planeta Vivo 2022 del Fondo Mundial para la Naturaleza, dando cuenta de que estas regiones son las que se sacrifica la biodiversidad mientras los países del primer mundo se preservan con las normas de la llamada ‘economía verde’ y sus empresas explotan las tierras en los países subdesarrollados. Es la nueva forma de colonialismo”.