Un numeroso grupo de parejas swingers alquiló una finca en las afueras de Mar del Plata y organizó una gran fiesta por el fin de semana. Alguien denunció la juntada y cuando cayó la policía para allanar, los participantes confundieron a los y las agentes con strippers, y a más de uno se le fue la mano sobre el uniforme. Terminaron todos demorados en la comisaría, pero juntos al menos. 

Ocurrió el viernes, en una casa quinta situada en Sierra de los Padres, a la altura del kilómetro 21 de la ruta 226. El lugar donde se hizo el evento violó las medidas para prevenir contagios de coronavirus y no estaba autorizado para realizar esta clase de reuniones.

Cuando los inspectores comunales del municipio de General Pueyrredón y la policía llegaron al predio, encontraron decoración afín a las circunstancias y música acorde que amenizaba el encuentro de medio centenar de adultos, varones y mujeres. Como anécdota, se comenta en la ciudad balnearia que mientras duró la confusión, una agente policial fue asediada de manera vehemente por una señora, con la intención de tener contacto íntimo: "Mirá los ojos que tenés, me re calentás", le soltó sin preámbulos.  

El subsecretario de Seguridad de ese partido bonaerense, Gustavo Jara, señaló que en la fiesta había “toda gente grande de Buenos Aires, parejas de entre 40 y 60 años, que estaban cenando en una mesa larga”. Fuentes del operativo afirmaron que cuando vieron a los policías pensaron que eran “parte del show”.

El funcionario reveló que los participantes del encuentro habían contratado el lugar para compartir el fin de semana, lejos de Buenos Aires y en busca de privacidad. Pero hubo alguien que quedó fuera del festejo y fue quien, por despecho, denunció la fiesta a las autoridades y el carácter particular de la convocatoria. Como el perro del hortelano, podría decirse. 

Como el número de personas excedía el máximo admitido, y encima no estaban tomados los recaudos sanitarios obligatorios, es que las autoridades clausuraron la finca, y los festejantes quedaron imputados de violar el artículo 205 del Código Penal de la Nación y que se les abrirá una causa penal. 

La ley reprime con penas de seis meses a dos años de prisión al que “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, sea el motivo que sea.