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En tiempos de ajustes y recortes obligados por la grave situación económica, las empresas constructoras de la región advierten que sin obra pública miles de trabajadores pueden perder su empleo. Firmas de la provincia aseguran que ante la falta de recursos del Estado provincial y los municipios hay 2 mil puestos en riesgo.

El recorte de más de 2.500 millones de pesos que sufrirá el Estado santafesino producto de los beneficios fiscales otorgados por el gobierno nacional esta semana “profundizaría la ya de por sí compleja situación del sector”, comunicaron desde la delegación rosarina de la Cámara de la Construcción.

Puntualmente, los constructores están preocupados por la ejecución de las obras en marcha y por la baja de las licitaciones, ya que entre el llamado y la efectiva generación de trabajo hay no menos de seis meses.

Frente a este escenario, el Estado provincial y los representantes del sector de la construcción consensuaron reducir el ritmo de los trabajos, pero eso provoca, de todos modos, un menor flujo no solo de recursos sino también un incremento de gastos indirectos como las pólizas de seguros, jefe de obras, entre otros.

Las constructoras calcularon que la disminución el ritmo de la obra pública en marcha podría generar en el corto plazo un recorte de 2 mil puestos de trabajo, sin embargo, aclararon que se resisten a llevar adelante tal ajuste “por la inversión en capacitación que realizaron en los últimos años”.

Las empresas y representantes del gobierno provincial acordaron reunirse cada dos semanas con la intención de hacer un seguimiento del problema. Además, intentarán convocar a referentes del gobierno provincial electo.

Además, los constructores probablemente pedirán a los legisladores nacionales y candidatos a diputados para que colaboren en las gestiones frente al gobierno nacional para que gire los recursos de la provincia, que aliviarían en parte la problemática que atraviesan las empresas y el riesgo laboral que esto conlleva.