El último estudio de la Oficina de Defensa al Consumidor Municipal expuso los reclamos más recurrentes de los rosarinos. Específicamente en el área Vivienda e Inquilinos, casi la totalidad de las quejas tienen que ver con dos cuestiones en particular: problemas con el alquiler y con los administradores de consorcios.

Sobre el primer aspecto hay innumerables reclamos por incumplimientos con la legislación vigente, tanto por la duración de contratos como por los cobros que establecen inmobiliarias o propietarios. Sobre el segundo tema en cuestión, es recurrente la falta de transparencia en las liquidaciones.

Alquileres flojos de papeles

En las denuncias realizadas por Inquilinas e inquilinos, la violación sistemática a la Ley Nacional de Alquileres (Nº27551), sigue siendo la principal queja, fundamentalmente en torno al incumplimiento del plazo mínimo de contratación, el que actualmente es de 3 años, como así también en relación a las actualizaciones de los valores de la locación, tanto en lo temporal (intentos de aumentar antes del año) como en los porcentajes aplicados.

También registraron un incremento de trámites vinculados a los cobros indebidos de  honorarios inmobiliarios, y el cobro de expensas y gastos que corresponden abone el locador y no la parte locataria, ítem que se encuentra en el segundo lugar del ranking de denuncias.

De las denuncias recibidas el 67% tuvieron una resolución favorable, 10% tuvieron resolución negativa y un 23% aún se encuentra en trámite. Es importante destacar un incremento de las denuncias realizadas por personas extranjeras, llegando a un 5% de las denuncias radicadas.

Expensas poco claras

Por otra parte, desde la oficina verificaron un aumento significativo de las denuncias contra administraciones de consorcios. En el primer semestre se registraron casi tantas denuncias como durante todo el año 2022. El incremento se explica por diversos factores; el principal es el aumento significativo en el valor de las expensas mensuales, generando que los consorcistas indaguen más detenidamente en el detalle de las mismas y, al no encontrar respuestas satisfactorias por parte de las administraciones, surjan mayores dudas y esto derive en la denuncia formal en nuestra Oficina.

Además, a partir de este análisis más minucioso, aparecieron otras inquietudes respecto a obligaciones de las administraciones, como ser la falta  de convocatorias a asambleas, consultas sobre inscripción en el registro de Administradores de Consorcios, malos tratos, intereses abusivos en los retrasos de pagos, falta de mantenimiento en los espacios comunes y las liquidaciones poco transparentes y con gastos altamente onerosos.

De las denuncias, 56% tuvieron resolución favorable, 9% resolución desfavorable, 26% sólo buscaban asesoramiento o consultar el Registro Público de Administradores de Consorcios y 9% aún se encuentran en trámite.

De los casos recibidos con Administradores Inscriptos, se resolvieron de manera favorable en un 84%, lo que evidencia la necesidad de reforzar y jerarquizar el funcionamiento del Registro, pues se trata de una herramienta fundamental a la hora de resolver conflictos entre consorcistas y administraciones.