Cuenta regresiva para el abogado valijero y la orga del juego ilegal

Se avecina en el Centro de Justicia Penal dos audiencias imputativas sobre el resto de la estructura de asociación ilícito en torno al juego clandestino que por ahora hizo caer a varios fiscales y tiene detenido al capitalista de esa pirámide, el empresario del juego Leonardo Peiti.

La Oficina de Gestión Judicial prepara por estas horas las instancias que solicitaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y David Edery, para avanzar sobre otros miembros de la organización ilícita. La intención es realizarlas en los próximos días, antes del receso judicial de julio.

De esta manera, Peiti sumaría otros cargos junto con otros miembros de su entorno, como el abogado Aníbal Porri, señalado como un ladero del capitalista de juego, y que incluso ha sido identificado junto a aquel imputado camino a encontrarse con el destituido fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien ya declaró acerca de los sobornos que Peiti pagaba para lograr inmunidad en su negocio. Ahora la investigación penal avanza sobre la trama de lavado de activos, el blanqueo del dinero ilícito obtenido por los casinos clandestinos que la banda explotaba en varias localidades de la provincia, tanto en el sur como en el norte.

Entre los nombres que los fiscales evalúan llamar a imputación, además de Porri, está el empresario y ex piloto de carreras Oscar "Popi" Larrauri, y el abogado José Fernández Chemes, ex funcionario de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.

Porri supo desempeñarse como asesor letrado de la Guardia Urbana Municipal durante la gestión de Mónica Fein. Luego se ubicó en una función similar para el Sindicato de Trabajadores Municipales, todo en paralelo con su cercanía a Peiti y sus negocios.

Según declaró Ponce Asahad ya cuando su suerte estaba echada, Porri estaba al tanto de los pagos que Peiti prodigaba a fiscales y policías para continuar sus actividades. Declaró que la pizzería de Francia y Mendoza era escenario recurrente de estos acuerdos, punto de encuentro de Peiti con el ex jefe de la Policía de Investigaciones, Daniel Corbellini, quien a su vez tenía que distribuir dineros a otros oficiales.

Porri habría sido quien presentó a Ponce Asahad y a Peiti, tras lo cual se forjó esa relación que los fiscales investigan y que ya le mereció la destitución y la detención al fiscal y a su superior, el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal. Porri, según consta en el expediente, corría con los asuntos de Peiti vinculados al universo judicial y policial. Algunas veces, hizo de valijero, como se denomina a quien mueve el dinero de la organización. Hubo un encuentro con Ponce Asahad que quedó registrado, en el pasaje Rosales (9 de Julio al 2000). El abogado había arreglado este encuentro previamente con un empleado judicial de la fiscalía, Nelson Hugolini, y el propio Ponce Asahad.

A Porri también le descubrieron en la investigación un vínculo con el ex jefe de la Unidad Regional XVII, de San Lorenzo, Gonzalo "Chino" Paz, detenido e investigado por delitos conexos a la red de juego ilegal y del contrabando de cereal en puertos secos, y también investigado por nexos con el narco Esteban Alvarado.

De acuerdo con las declaraciones que ya existen en el expediente, el ex comisario mayor Paz utilizaba una camioneta Toyota Hilux y una coqueta vivienda en Fisherton, ambos bienes propiedad de Porri.

Por lo tanto, en el avance de la investigación, los fiscales evalúan ya sobre firme la instancia de ampliar las imputaciones al resto de la red que controlaba Peiti. Y allí entra este abogado como una de las piezas de lo que Shiappa Pietra y Edery consideran fue esta asociación ilícita.