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Desde hace tiempo, la organización Concejalía Popular intenta frenar los remates de vivienda única mediante la sanción de una ley que proteja a aquellos que corren riesgo de quedarse en la calle. Pero mientras tanto, los especuladores inmobiliarios avanzan. Este martes, en Tribunales, se subastará el inmueble de Gilda, una jubilada discapacitada de 70 años víctima de una componenda de operadores y abogados -lo que usualmente se les llama “caranchos”- que pueden dejarla sin un techo.

El ex concejal Nire Roldán es quien se puso al frente de la lucha para conseguir la ley y que acompaña a los afectados por los remates. En este caso, más que nunca. “Hablamos de una jubilada, ex trabajadora bancaria y de una compañía de seguros que dedicó los últimos años a cuidar de su madre enferma. Si se remata la vivienda en unos 650 mil pesos, ella puede quedarse con sólo 50 mil y en la calle, convirtiéndose en un problema para el Estado provincial y municipal”, señaló en diálogo con Rosarioplus.com

La historia tiene un trasfondo familiar que la hace más dramática. “Una hermana de la señora, que trabaja en Buenos Aires con negocios inmobiliarios, había hecho un acuerdo y ahora quiere que la vivienda se remate para quedarse con el 50 por ciento de lo que resulte”, reveló Roldán, quien además marcó como llamativa la rapidez con la que un juez volvió a otorgar fecha para la subasta. “Semanas atrás se había cancelado porque cuando la prensa encendió las cámaras se fueron todos los usureros”, dijo el presidente del Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular.

“Queremos que negocien las partes en lugar de llegar a una subasta donde sólo se beneficien los especuladores inmobiliarios”, resumió el impulsor de la ley contra los remates de vivienda única que espera su tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

Mientras tanto, hay un frente en el plano local para ponerle un coto a esa actividad especulativa que medra sobre la vida y el hábitat de terceros. Para Nire Roldán es necesario “tomar tres medidas urgentes para evitar el avance de los remates”. La primera, y más urgente, debe ser la suspensión por 24 meses de las subastas de inmuebles de propietarios de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Para ello existe comunicación permanente con el presidente del Senado provincial, Jorge Henn, el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, y otros legisladores.

El segundo pasó será crear un registro de propietarios de vivienda única, familiar y de ocupación permanente en riesgo de subasta, para finalmente llegar al último escalón: garantizar la imposibilidad de embargar y de ejecutar esos inmuebles en nuestra provincia.