Los transportistas nucleados en Atraes, dueños y empleados de instituciones que trabajan con personas con discapacidad realizaron este miércoles una caravana para protestar por el brutal ajuste que el Gobierno nacional está aplicando en el sector. Aunque la protesta tiene carácter nacional, en Rosario la concentración se llevará a cabo en el Parque Independencia (Oroño y Cochabamba).

“No aceptamos las quitas que se vienen dando en este Gobierno, sumado a la infame campaña de desprestigio de esta población como si las personas con discapacidad fueran corruptas”, señalaron desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de un comunicado. “Convocamos al pueblo argentino a sumarse a esta iniciativa para visibilizar la crisis del sector, unidos en un solo grito: Justicia, ¡basta de quitas”, concluyeron.

Asimismo, en CABA se realizará un abrazo simbólico a la residencia presidencial en Olivos con el fin de manifestarle al presidente Javier Milei la grave situación del sector y hacerle entrega de un petitorio con las demandas del colectivo.

Entre los pedidos se encuentra la eliminación del Decreto 843/24, al que consideran “un retroceso en materia de adjudicación de Pensiones No Contributivas ya que vuelve al criterio de Pensión por Invalidez Laboral dejando de lado a la persona con discapacidad”. En el mismo comunicado del Foro se advierte que “con esta decisión, muchas personas con discapacidad pueden perder este recurso que les permite un apoyo para su vida y su atención”. También se señala que el proyecto de Presupuesto 2025 el Gobierno Nacional plantea una quita de 177.740 pensiones.

Otro punto incluido en el petitorio es el establecimiento de aranceles prestacionales acordes a los reales costos de los servicios institucionales, profesionales y transporte, ya que los actuales no están conforme a la inflación y los aumentos de salarios establecidos por los sindicatos. Esto lleva a una gran crisis del sector prestacional. Con los aranceles actuales se cubre solamente, según la prestación, entre el 50% y el 61% de los costos operativos.

Y se exige un aumento de los recursos asignados para las pensiones no contributivas en el Presupuesto 2025, la sanción de una ley que establezca una Asignación Universal por Discapacidad, el cumplimiento del Cupo Laboral en el Estado establecido que ya tiene una contemplación legal; la recomposición del sueldo de los trabajadores de los talleres protegidos, que se encuentran congelados en $28.000 desde febrero de 2023;  una continua vigilancia sobre las empresas de transporte de media y larga distancia para que brinden los pasajes a las personas con discapacidad.