La suspensión de las mudanzas por las nuevas restricciones que se comenzaron a aplicar el sábado pasado profundizó la situación crítica que viven algunos inquilinos de la ciudad. La imposibilidad de abandonar una vivienda para ocupar otra provoca una serie de gastos extras que los locatarios no pueden afrontar en este contexto.

Por esto, desde las diferentes agrupaciones que nuclean a los rosarinos que alquilan solicitaron que se vuelvan a tomar medidas para extender los contratos, prohibir desalojos y desendeudar a inquilinos.

"Desde el 31 de marzo, que el gobierno nacional decidió levantar el congelamiento y  la extesión automática de los contratos, la situación se ha complicado mucho", aseguró Ariel D'Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, en diálogo con Gabriela Sapienza por Sí 98.9. "El endeudamiento es muy importante, tres de cada diez tienen inconvenientes para poder hacer frente al pago del alquiler", agregó.

Según comentó el militante de la Concejalía Popular, hay "infinidad de situaciones que son terriblemente complicadas y problemáticas, porque se han evitado desalojos".

La prohibición de realizar mudanzas hasta el 30 de mayo complicó a los casi 7 mil inquilinos que deben resolver la finalización de sus contratos esta semana y no pueden dejar su vivienda hasta que se levanten las restricciones.

"Esta situación es angustiante y no hay medidas concretas para inquilinos", indicó D'Orazio y explicó que la postergación de la mudanza suma gastos extras, como impuestos y días de ocupación, para el locatario.

"Es imposible salir del endeudamiento para aquellos que han entrado en una rueda", señaló el referente de la Concejalía Popular y criticó a Jorge Ferraresi, nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, por no tomar cartas en el asunto. "Los controles no llegan y la ley (de alquileres) se incumple de manera sistemática", advirtió.

#Alquileres ¿Quédate en casa? Ariel D'Orazio en diálogo con Radio Sí

Por su parte, desde el Movimiento de Inquilinos Nacional (donde participa la Asociación de Inquilinos Rosario), manifestaron: “Entendemos y acompañamos las medidas sanitarias pero necesitamos herramientas económicas y legales para poder sostener el impacto económico que genera no tener ingresos, producto de la restricción para actividades laborales que fueron afectadas por las medidas sanitarias y la complejidad que ocasiona la prohibición de circulación tanto para buscar una nueva vivienda o dejar la actual”. 

En ese sentido, remarcaron que "es fundamental dar una solución a los juicios por desalojos contra inquilinos y garantes que se iniciaron durante la vigencia del decreto y que se aceleraron después de finalizado".

“Muchas personas y familias perdieron total o parcialmente sus ingresos, por lo que no pueden pactar renovaciones de contratos con aumentos que van desde el 40% al 120%, ni tampoco pueden mudarse por los gastos que implica, sumado a la situación de confinamiento dispuesta para los próximos 9 días. Eso los deja en un estado de indefensión, expuestos a juicios que no pueden costear", apuntaron desde la agrupación.

Por último, desde el Movimiento de Inquilinos Nacional le solicitaron al Gobierno Nacional:

- Freno a los desalojos, e intervención de los  Ministerio de Justicia y Desarrollo Territorial y Hábitat De La Nación en el cumplimiento de lo que señala la ley de alquileres y el Decreto 66 en su artículo 12.

- Prórroga automática de contratos hasta el 1ro de julio.

- Reglamentación del programa de alquiler social.

- Créditos con tasa 0% para el pago de deudas.

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