A casi dos años de la sanción de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable -conocida como de Etiquetado Frontal- hay un avance del 63,3% de los aspectos normativos necesarios para su implementación (sellos, regulación de publicidad, etc.), aunque sólo siete provincias adhirieron, lo que impacta fundamentalmente en la falta de reglamentación de los entornos escolares y en la compras públicas de cada jurisdicción.

Los datos surgen del Mapa Normativo del Etiquetado Frontal en Argentina (etiquetadoenargentina.org), una herramienta desarrollada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Fundación Sanar presentado en la jornada inaugural del 1° Congreso de Políticas Alimentarias en Argentina, que se realiza esta semana en la ciudad de Buenos Aires.

"Este índice que creamos -que se expresan en el mapa- contiene tanto las competencias a nivel nacional como las provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires en el aspecto normativo; el avance general de las normativas para que pueda implementarse la ley conocida como de Etiquetado Frontal es del 63,3%", detalló a la agencia de noticias Télam la nutricionista Florencia Guma, co-fundadora de Sanar.

Por su parte, la abogada María Laura Fons, del área de Salud de Fundeps, explicó que "Nación ya tiene la mayor cantidad de las normas complementarias (reglamentación, regulación de la publicidad, etc.) publicadas".

"Lo principal que le falta a Nación es la creación de un registro nacional de infractores, el resto está casi todo regulado", sostuvo.

Y especificó que "lo que atañe a las competencias de las provincias tienen que ver sobre todo con dos aspectos de la ley: los entornos escolares saludables y las compras públicas".

Distrito por distrito

En este contexto, sólo siete provincias se adhirieron a la ley, de las cuales, cuatro (Chaco, Chubut, La Rioja y Río Negro) simplemente adhirieron y tres (Neuquén, Salta y Tierra del Fuego) mostraron algún avance, sobre todo en los mecanismos de implementación pero no respecto a componentes principales de la ley.

Esto quiere decir que de las siete que avanzaron, ninguna dictó normas complementarias que garanticen escuelas libres de sellos ni normas que detallen cómo, desde las compras públicas, se garantizará una mejora de la calidad alimentaria.

En cuanto al componente de publicidad, promoción y patrocinio, la vía pública y los puntos de venta (dos ejes en donde las provincias cobran mayor relevancia) tampoco se han pronunciado.

"Esto no quiere decir que en las provincias no se implementa nada de la ley, porque hayan adherido o no es obligatoria y todas las provincias tienen la cobertura de las competencias nacionales que son más del 60% de las normas necesarias para cumplirla", sostuvo Fons.

Dicho de otro modo, en la provincia que no adhirió, igual los productos tienen los sellos octogonales y también se puede denunciar una publicidad que no cumple con los requisitos de la ley en los canales habilitados por el Ministerio de Salud nacional.

Sin embargo, en esos dos aspectos críticos (entornos saludables y compras públicas) la falta de regulación local hace peligrar la implementación de la ley.

Falta mucho

A modo de conclusión, Guma señaló que "todavía no hace dos años de la sanción de la ley; se avanzó un montón pero falta, y para que no pase con esta normativa lo que sucede con otras necesitamos de la ciudadanía reclamando que se cumpla porque son nuestros derechos y tiene que llegar a donde vivimos".

Por su parte, Fons recordó: "Entornos escolares saludables y compras públicas son las dos patas más sociales de la ley porque en general estamos hablando de niñeces y de personas que comen en comedores".

"Son dos aspectos fundamentales para que la ley no quede sólo en el etiquetado frontal que, si bien es fundamental, necesita de las otras patas para que el cambio sea integral y no sea sólo un derecho de quien puede ir a comprar y elegir lo que tiene menos sellos en el supermercado", advirtió.