El 87% de los rosarinos se mostró a favor de la despenalización del cultivo de Cannabis para uso medicinal. El dato se desprende de un estudio realizado por la agencia Inmediata a pedido de la diputada Lucila De Ponti en el marco de la implementación del Registro Nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y / o terapéuticos (Reprocann).

Según se desprende del trabajo, el 79% de los consultados asegura conocer que en la Argentina se ha despenalizado el cultivo de Cannabis con fines medicinales, mientras que 1 de cada 4 considera todavía no estar informado sobre su reglamentación.

El estudio, realizado entre el 2 y el 10 de agosto, contó con la participación de 406 rosarinos mayores de edad de diferentes barrios de la ciudad. 

Característica de la muestra.
Característica de la muestra.

"Es importante que podamos naturalizar este tipo de discusiones, especialmente cuando tienen que ver con el acceso a cuestiones de salud", explicó la diputada Lucila De Ponti, encargada del estudio. “La información y concientización es clave para erradicar la estigmatización que existe sobre productores y usuarios de una actividad que se encuentra extendida”, aseguró.

En este sentido, otro dato del informe indica que más de la mitad de los consultados (53%) conoce a alguien que utiliza Cannabis con fines terapéuticos y los mecanismos para proveerse.

“Tanto a nivel provincial como nacional se avanzó mucho en la discusión sobre la necesidad de una legislación que permite al Estado regular esta actividad. Hoy existe un registro que garantiza el acceso a este insumo medicinal y le brinda un marco de protección a quienes cultivan para los demás o realizan autocultivo”, señaló la legisladora del Movimiento Evita.

“También avanza la iniciativa de producción de Cannabis medicinal a través de nuestro laboratorio estatal con producción en territorio provincial para progresivamente dejar de lado la necesidad de importar la materia prima, reduciendo los costos”, aseguró. “Sin dudas son pasos importantes para garantizar el acceso a los tratamientos de salud y evitar la criminalización de quienes lo utilizan”, concluyó.