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El miércoles 14 de junio, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un decreto a pedir de Shell, firma que desde hace años viene presionando para obtener la habilitación definitiva (provisoria desde 2004) del puerto que utiliza sobre la margen derecha del Río Paraná, a la altura del kilómetro 395 en Arroyo Seco. La concesión del permiso vino acompañada de una autorización para cuadriplicar su superficie.

El decreto lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del Jefe de Gabinete Marcos Peña y del secretario de Transporte Guillermo Dietrich, pero no tiene el visto bueno de los poderes Ejecutivos provincial y local, que suelen tener un rol muy activo en negociaciones de esta naturaleza. La lupa, por lo general, se pone sobre los criterios, pautas y requerimientos que deben seguir los privados en las obras que van a impactar en la vida social y económica de las poblaciones locales.

El municipio de Arroyo Seco, el gobierno de Santa Fe y Ente Coordinador Metropolitano, espacio que coordina todas las políticas públicas de impacto regional, se enteraron de esta habilitación cuando el decreto ya estaba rubricado y publicado. La preocupación es mayúscula porque no hay ningún papel firmado donde, por ejemplo, se especifiquen los criterios de la ocupación de suelo, de impacto ambiental y de accesibilidad, entre otras normativas.

Tampoco se sabe si Shell está obligada a realizar alguna contraprestación de obras para la ciudad, un requisito muy común en este tipo de acuerdos. "Hoy el puerto de Shell tiene un kilómetro de frente y otro tanto de profundidad, y ahora lo van a cuadruplicar, pero nunca se sentaron a dialogar con este municipio, cuando la habilitación se la tiene que dar este municipio", se quejó este domingo el intendente de Arroyo Seco Nizar Esper en una nota publicada en Rosario/12.

El funcionario reconoció que el procedimiento no dejar de ser “muy raro” y cuanto menos “llamativo”. La “desprolijidad” no es menor ante las reiteradas denuncias por “conflictos de intereses” con Shell, dado que el ministro de Energía  Juan José Aranguren fue CEO de la compañía hasta 2015 y recién a fines del año pasado se desprendió de todas las acciones que tenía en su poder.

“Cada movimiento que tanto Nación como provincia hacen en nuestro territorio, siempre nos informan. Digo que habría que habernos sentado en una mesa para discutir si corresponde o no la medida. No sé la injerencia del Ministro, pero es todo muy llamativo. No pienso que esto lo hayan hecho adrede, pero me parece una falta de respeto que no consulten al municipio”, agregó ofuscado Esper.

Para conocer más en detalle las irregularidades de esta habilitación, Rosarioplus.com dialogó con Mirta Levin, titular del Ente Coordinador Metropolitano. “La verdad que no se sabe bien qué es lo que está aprobado. El decreto es elemental y eso que se trata de una superficie muy importante. Cuando una lleva las parcelas que están en el decreto al plano de la ciudad se da cuenta que es mucha superficie con proximidad a las áreas de viviendas”, detalló.

Levin explicó que corresponde establecer “ciertos criterios normativos”, algo que acá no se hizo. “En ningún lado se especifica que la firma va a tener que adecuarse a los requerimientos locales. Estamos frente a un decreto que se firmó de forma inconsulta” se quejó.

El antecedente, según Levin, es “muy malo” si se atiende a que el gobierno nacional pretende otorgar ahora habilitaciones permanentes a todas las firmas que operan en las terminales portuarias del Gran Rosario, permisos temporarios hasta hoy por decisión de la anterior gestión política de la Casa Rosada.

“No es malo avanzar en habilitaciones permanentes, siempre y cuando antes se de intervención a los municipios para que puedan establecer requerimientos y condiciones a una habilitación. Es la coyuntura ideal para poner condiciones. Nadie está en contra del desarrollo, pero hay que ver el cómo”, planteó Levin.

Con el decreto ya firmado se hace “más difícil” la negociación con el privado, que ahora se puede jactar de tener una habilitación del gobierno nacional para no ajustarse a los “requerimientos” locales.  

“Al final el problema más grave los van a tener los ciudadanos. Un gobierno local conoce las problemáticas, puede acercar soluciones, sabe en detalle qué condiciones tiene que poner. Nación debilitó la posición del municipio al otorgar un permiso de esta manera”, concluyó la funcionaria.

Qué dice el decreto

La polémica resolución es la 421/2017 y se titula “Habilitación portuaria Arroyo Seco”. Se explica que la titularidad de los inmuebles donde el puerto se encuentra instalado corresponde a la firma Shell, “definiendo al mismo como particular, de uso privado y destino industrial”.

Luego se detalla que “las circunstancias, requisitos y pautas mencionados en los considerandos precedentes, como asimismo los demás que deben ser ponderados para la habilitación, han sido examinados por la Autoridad Portuaria Nacional; considerándose cumplidas las normas legales y reglamentarias en vigor”

Y se aclara --algo que desmienten Levin y Esper-- que “han tomado intervención las autoridades y organismos competentes en la materia, los que no formularon objeción, alguna acerca de la habilitación en trámite”.

En el decreto se sostiene que la Dirección Nacional de Puertos  elaboró “el informe técnico correspondiente, del cual no surgen elementos que obsten al otorgamiento de la habilitación solicitada”.

La única recomendación pasa por “limitar” el uso del puerto al manipuleo de hidrocarburos líquidos y productos afines. La autorización habilita a que la firma utiliza 9 parcelas registradas a su nombre para ampliar el puerto.