La mano visible del Estado y la estigmatización selectiva

La distribución de asistencia estatal en Argentina requiere un abordaje mucho más profundo que el tratamiento superficial que se da habitualmente y que consagró como verdades absolutas aquellos supuestos que estigmatizan a los sectores más pobres de la sociedad. Si bien el grueso de lo que se denomina como “el gasto” del Estado está destinado a los sectores más vulnerables, se trata efectivamente de la franja más castigada por las sucesivas crisis económicas y que forman parte de una franja poblacional que históricamente se encuentra fuera del mercado laboral formal. En simultáneo, existen grupos económicos cada vez más concentrados, que pese a contar con ganancias extraordinarias, perciben algún tipo de beneficio directo o exenciones, incluso más allá de sus habituales maniobras de elusión o evasión fiscal, que reciben un tratamiento mediático diferencial.

Es cierto que existe una vara distinta para medir a los destinatarios de beneficios estatales, así como también en muchos casos quedan expuestas incongruencias que empañan el trabajo que puede hacer el Estado en su intento por asistir a distintos sectores. Escenario en el cual, a contramano de lo que está instalado, se termina favoreciendo a quienes no lo necesitan.

En el prólogo de la pandemia hubo grupos multinacionales con ganancias extraordinarias y que hasta cotizan en la bolsa de valores, que recibieron ayuda para pagar sueldos, mientras que al mismo tiempo hubo pequeñas y medianas firmas o cooperativas que no calificaron para acceder a ese mismo beneficio. De hecho, en este momento se está avanzando en el intento de corregir los subsidios energéticos, que durante muchos años se mantuvieron inalterables y bajo un esquema de subvenciones que aún beneficia a los sectores más pudientes. Es decir que quienes más consumen, mayor porcentaje de subsidio reciben.

Más allá de los supuestos que se instalan como verdades absolutas pero distan de la realidad, o de los errores no forzados que comete el Estado en la planificación y ejecución de la asistencia, existen también casos empíricos que reflejan, a pesar de las dificultades, errores y aciertos, la presencia estatal puede ser el hilo conductor entre distintas unidades de trabajo que penetran en el tejido productivo de la sociedad. Las experiencias de la cooperativa La Fabrika, Intysol o Grupo Cheff, reflejan esa transversalidad del rol del Estado, que a través de fondos para capital, incentivos o subsidios a la producción apuntaló estructuras y proyectos.

Si bien existe un denominador común entre los tres casos analizados en el informe que realizó Rosarioplus.com, sus estructuras productivas tienen distintas composiciones. Más allá del capital productivo, una característica distintiva tiene que ver con el recurso humano. Las experiencias de La Fabrika o de Intysol se conformaron con planteles que forman parte de una población históricamente relegada por el mercado laboral.

Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, en los últimos cinco años (enero de 2017 a enero de 2022), el número total de trabajadores registrados cayó un 2,1%, con una particularidad a tener en cuenta: dentro de los registrados, los que sufrieron mayor caída (-7,3%) fueron los que trabajan en el ámbito privado, lo que se considera como el empleo de mayor calidad. En simultáneo, los monotributistas independientes y sociales registraron importantes mejoras (11,2% y 9,9% respectivamente).

Para pasar en limpio la radiografía de registrados, en enero de 2017 un 51,3% de los trabajadores eran asalariados privados, un 25,9% estatales, un 15,6% monotributistas, un 3,4% de autónomos y un 3,8% de empleadas de casas particulares. En tanto, en enero de 2022 los privados cayeron al 48,6%, mientras que los estatales aumentaron al 26,8% y los monotributistas al 17,7%. Por su parte, los autónomos cayeron al 3,1% y las empleadas de casas particulares se mantuvieron en el 3,8%.

A este panorama se le suma el alto nivel histórico de empleo no registrado, que actualmente ronda el 35%. Es bajo esas circunstancias que se abre la puerta a experiencias como la de La Fabrika, lo que se denomina un polo productivo de cooperativas de la economía popular, que intenta contener a un sector que está quedando en la periferia del mercado laboral formal y que necesita del apuntalamiento del Estado, tanto como una empresa que produce a gran escala e invierte en mayor volumen de producción.

Más allá de esos casos, en los que el Estado termina beneficiando a sectores que podrían prescindir de la ayuda, el discurso habitual relaciona la asistencia exclusivamente con los más pobres. Independientemente de esta cuestión, existen también pruebas empíricas de una transversalidad de la asistencia estatal al momento de ejecutar políticas con recursos que llegan a distintos actores. Salvando las diferencias, IntySol, La Fabrika y Grupo Cheff dan cuenta de ello.

Más allá de estas experiencias que expone la transversalidad de la presencia del Estado, existen datos y estudios que contrarrestan supuestos sobre la asistencia o ayuda del Estado. En diálogo con Rosarioplus.com, dos destacados economistas profundizaron sobre desigualdades, la estructura social y laboral argentina, el destino del gasto estatal, y los subsidios indirectos que le asigna a grandes contribuyentes.

“Las economías latinoamericanas solo consiguen incorporar a una parte de la población al empleo formal”

Sergio Páez es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Economía Política por FLACSO Argentina y Doctor en Economía de la Industria y la Tecnología por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Conforma el equipo técnico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), y en una entrevista con este medio profundizó sobre el gasto estatal, las consecuencias de la informalidad laboral y empleo precarizado. 

—¿Es correcto el criterio que utiliza el Estado argentino para orientar planes o subsidios?

—El propio Banco Mundial habla de focalizar el gasto en ciertos sectores, ahí es donde aparece este tipo de planes. Se los estigmatiza por intentar que esos gastos vayan a otros sectores. En paralelo el Estado asigna gran parte del presupuesto a cuestiones como pauta publicitaria y eso no tiene un criterio concreto. Grandes empresas también reciben subsidios a la energía pero lo único que está en discusión es la cuestión residencial. Si comparás lo que gasta en energía Techint produciendo en Argentina y lo que gasta produciendo en Estados Unidos, vas a ver que el costo por producir a nivel local es bastante menor, y todo eso está cubierto por transferencias del Estado.

Parte del gasto está focalizado en esos sectores que podría estar destinado a mejorar la distribución de forma progresiva. Durante la pandemia el Estado salió al rescate de muchas empresas, sin tener una contrapartida. En otros países en que se hicieron intervenciones similares, se capitalizaron empresas y el Estado ganó participación accionaria. Acá se les pagó los salarios, las empresas siguieron funcionando, obtuvieron mayor rentabilidad y algunas fugaron esa rentabilidad a otros países.

—¿Hay una buena planificación sobre el destino de los subsidios a empresas?

—Por poner un ejemplo, Techint produce un insumo central en la estructura productiva argentina. Entonces cuando se le da un subsidio se intenta abaratar producción para que se logre un menor precio en la construcción de viviendas o sector automotriz, sectores donde participa el acero. El tema es que después hay que hacer un control sobre eso y ver si ese subsidio tiene un impacto real en los precios, sino lo que hacés es aumentar la ganancia de ese sector y se da un efecto regresivo.

—¿Y cuando van dirigidos a sectores populares?

—Cuando los subsidios se otorgan a sectores populares, el efecto directo es un incremento del consumo en el mercado interno. Gran parte de esos sectores tienen trabajos precarios, no registrados, en ese caso los planes sociales van a cubrir ese vacío que hay entre estos trabajadores informales y los formales. 

Ese sector de informales forma parte de una masa de población que acepta peores condiciones de trabajo a partir de un escenario de desigualdad estructural. Eso es favorable a sectores que tienen mayor poder de negociación.

—¿Cómo se originan esas desigualdades?

—Es un problema estructural de las economías latinoamericanas donde solo consigue incorporar a una parte de la población al empleo formal. Ahí entran cuestiones asociadas a las estructuras productivas y las dificultades para diversificarlas. Si la economía viene creciendo permanentemente y esa informalidad no se reduce, ahí debería haber un papel más activo del Estado en incentivar la formalización para que el crecimiento económico llegue a las mayorías.

—¿Cómo se encuentra la estructura del Estado argentino respecto de países vecinos?

—La estructura del Estado argentino permite que tenga indicadores sociales que están por encima de la media nacional. Argentina siempre fue referencia en indicadores sociales asociados a educación, salud o cobertura jubilatoria. En buena parte por subsidios o transferencias.   

“Hay componentes del gasto que son invisibles pero benefician a sectores de mayores ingresos”

Marco Kofman también es economista, graduado en la Universidad Nacional de Rosario y forma parte del Mirador de la Actualidad el Trabajo y la Economía (MATE), un centro de estudios que analiza constantemente la coyuntura argentina. Entrevistado por este medio, aportó al debate sobre la intervención estatal, las desigualdades que llevaron a la implementación de subsidios y los ingresos a los que renuncia el Estado favoreciendo a grandes contribuyentes. 

—¿Por qué el Estado debe intervenir en determinados contextos económicos?

—El subsidio aparece en todo caso como una tardía y pequeña compensación a desequilibrios generados por otras cuestiones. Un tipo de cambio elevado o una devaluación va a multiplicar la pobreza y la indigencia de un país. Cuando aparece el gasto fiscal, aparece sobre otra estructura que ya es inequitativa, y ese gasto no alcanza a compensar las grandes diferencias que se definen con un proceso económico. La política distributiva central del Estado es el conjunto de políticas que determinan un modelo económico. Después aparecen los subsidios, en momentos donde el Estado intenta corregir esos desequilibrios para alcanzar determinado objetivo.

—¿Qué tipo de subsidios existen aparte de los denominados “planes”?

—Una cosa es poner plata en determinados bolsillos, pero hay otra forma de gastos que es lo que se llama el gasto tributario, que es la renuncia a ingresos que hace el Estado para promocionar ciertas actividades, como por ejemplo aquellas empresas a las que se las exime de Impuesto a las Ganancias. Eso no aparece como un gasto fiscal, sin embargo es una renuncia a ingresos que hace el Estado. Ahí aparece un componente muy grande del gasto.

Se estima que esa renuncia a ingresos equivale a un 3% del PBI. Una parte tiene que ver con eliminación del IVA  a algunos productos. Hay otra parte que tiene que ver con empresas que no pagan Impuestos a las Ganancias, al igual que el Poder Judicial y contribuciones a la seguridad social que no hacen otras tantas. Hay componentes del gasto que son invisibles pero benefician a sectores de mayores ingresos. 

—¿Cuál es actualmente el mayor gasto del Estado?

—Cuando nos ponemos a ver en qué gasta el Estado, aparece como el primero, jubilaciones, que es la mitad de lo que gasta. El segundo gasto tiene que ver con mantener la estructura estatal, que funcione básicamente, eso implica desde salarios docentes, pasando por policías hasta trabajadores de administración, eso es un 11%. En tercer lugar aparecen los subsidios a la energía y en cuarto lugar aparecen los famosos programas sociales como Potenciar Trabajo o Tarjeta Alimentar, que vienen a atender una emergencia social, hoy eso ocupa el 9% del gasto.

—¿A quiénes benefician en mayor medida los subsidios a la energía?

—Hay estudios que indican que los sectores de menores ingresos que consumen menos energía, reciben alrededor de 40 mil pesos anuales por subsidio mientras que el 10% de mayores ingresos estaría recibiendo 70 mil pesos anuales en concepto de subsidio energético.

El gasto en el subsidio a las tarifas está determinando un precio de la economía. Cuando ese subsidio desaparece, cambia el costo de una canasta de bienes y eso reduce el salario.

—¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una mala política de subsidios?

—El gasto estatal tiene que estar en línea con el resto de las intervenciones del Estado. Si subsidias a sectores que tienen una alta capacidad de consumo, y producto del subsidio genera ahorros, luego ese excedente lo terminan volcando a dolarización o hacen turismo en el exterior, lo cual genera problemas en la falta de dólares. Ahí se está pensando en un salario indirecto, pero de alguna forma se está facilitando la salida de dólares del país.

—¿Vuelve de alguna forma el subsidio a los sectores más pobres?

—Es un gasto que vuelve en consumo, en mayor actividad, en fuerte territorialidad. Es un factor virtuoso, mueve la economía y a la larga le termina generando mayores ingresos al Estado porque a partir de ese consumo recauda más.