La Fiscalía y la querella terminaron su turno de presentación de pruebas y de fundamentos de la acusación contra los once imputados por la explosión del edificio de Salta 2141. Mantienen el pedido de cinco años de prisión para los imputados, la máxima pena que prevé el Código Penal para la figura del estrago culposo agravado.

Según el fiscal la explosión del 6 de agosto de 2013 se produjo una por fuga masiva de gas a causa de una "suma de circunstancias anteriores y posteriores". A lo que se refiere es a la supuesta responsabilidad antes de la explosión en la falta de controles, en la manipulación de la red que derivó en el siniestro y luego en la sofocación del incendio que extendió en tiempo la situación de peligro.

En el comienzo de la etapa de alegatos, el fiscal Miguel Moreno acusó tanto al gasista, Carlos García, como a su ayudante, Pablo Miño, también al consorcio del edificio, y a los imputados por la empresa Litoral Gas.

En cuanto a los gasistas, señaló que García tuvo conductas antirreglamentarias y luego negligentes. En primer término porque tenía conocimiento de que “no podía manipular la llave de servicio, ni tampoco su ayudante”. Luego sacó el regulador “sin asegurarse que la válvula estuviera cerrada y más tarde se retiró en lugar de impedir la catástrofe".

En tanto, a su ayudante no lo eximió de responsabilidad ya que fue el encargado de cerrar la llave de suministro pero no lo hizo creyendo “que ya lo estaba".

Litoral Gas

La Fiscalía sostiene la acusación contra Guillermo Oller y Luis Curaba, inspectores de Litoral Gas, y Claudio Tonucci, jefe de mantenimiento de redes de la empresa. No así contra Gerardo Bolaño, otro inspector pero sí la querella mantiene la acusación. También es acusada Viviana Beatriz Leegstra, gerenta técnica de Litoral Gas.

Para el fiscal tenían la obligación de "velar por que el suministro se brindara de manera segura", cosa que no ocurrió. Esto quedó en evidencia por la “fuerza que había que hacer y las herramientas que había que usar para manipular la válvula”, que demuestra falta de mantenimiento. "Hubo relajamiento de las obligaciones que les incumbían", sintetizó.

Consorcio

A los administradores del consorcio les achacó no haber cumplido con el deber de "velar por el bien de las personas que lo habitaban" y buscar el menor gasto económico y mantener al margen a Litoral Gas con un gasista (García), porque si no sería exigido a adecuar las instalaciones de la red y generar una interrupción del suministro por tiempo prolongado.

Imputados

Los imputados son Carlos Osvaldo García, el gasista que manipuló el regulador de gas minutos antes de la explosión; Pablo Daniel Miño, ayudante del gasista; Bolaño Gerardo, Guillermo Oller y Luis Curaba, inspectores de Litoral Gas, y Claudio Tonucci, jefe de mantenimiento de redes de la empresa.

También son acusados Viviana Beatriz Leegstra, gerenta técnica de Litoral Gas, Carlos Repuppili, Mariela Calvillo y Norma Bernarda Bauer, administradores del consorcio del edificio, y José Allala, quien hizo tareas de reparación en el sistema de gas días antes de la explosión. La Fiscalía desistió de acusar tanto al gasista José Allala como al inspector Gerardo Bolaño. Sin embargo, la querella sostendrá las acusaciones hacia los once imputados.