La relación de los adolescentes con el delito tiene características propias en los diferentes países iberoamericanos, pero rasgos y patrones comunes que permiten sacar conclusiones conjuntas sobre una problemática social oculta, incómoda e invisibilizada.   

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe formó parte de un riguroso estudio del que participaron 15 jurisdicciones de Iberoamérica, 12 de ellos de carácter nacional y 3 de carácter subnacional (provincias, estados o comunidades autónomas).

El enfoque de la investigación se basó en la recolección de información y datos, la sistematización y el análisis comparativo de los marcos normativos nacionales, de los procedimientos judiciales y de las medidas impuestas a los o las adolescentes sancionados/as por el sistema penal.

Se obtuvieron datos de Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, España, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. En casi todos los casos, la realidad de los adolescentes en conflicto con la ley penal está marcada por la violencia de sus contextos y la privación de la libertad como regla –cuando debería ser la excepción—para sancionar sus conductas.

El especialista Luis Pedernera, el único experto en niñez de la región sur que integra el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, presentó en la Facultad de Derecho de la UNR las conclusiones y desafíos de este informe.

Su discurso giró sobre las contradicciones que existen en relación a los datos de la realidad y a la construcción mediática de un imaginario social alejado de lo que marcan las estadísticas. En muchos de los países relevados, los jóvenes son señalados como los principales responsables de la inseguridad a partir de “hechos esporádicos o aislados que se repiten para intentar mostrar una supuesta generalidad”.

De esta manera, los niños y adolescentes, la población “más pobre y vulnerable”, aparecen como los “objetos preferidos” a la hora de la criminalización.

“¿Dónde está la inseguridad? En sociedades con 40% de pobreza juvenil y 50% de deserción escolar o en un hecho puntual que se repite hasta el hartazgo para generar la sensación que estamos en manos de delincuentes cada vez más jóvenes”, se preguntó Pedernera.

Esta distorsión –agregó—hace que muchas políticas públicas se adopten “al compás de las informaciones mediáticas y no a partir de datos certeros, rigurosos y sistemáticos”.

“Hay un discurso hegemónico muy peligroso que sostiene que le estamos dando demasiados derechos a los niños. Esto sirve para legitimizar ciertas políticas que se han adoptado últimamente como la baja de la edad de imputabilidad, el aumento de penas, las detenciones preventivas o los juicios abreviados”, subrayó.

A su juicio, muchas de las políticas públicas en los sistemas penales juveniles están montadas sobre “mentiras, mitos y falsedades”.

“No hay una sola investigación seria que muestre aumentos de los delitos juveniles. Lo que está comprobado es que el 95% de estos delitos son contra la propiedad. Solo el 1% son homicidios, lo que llamamos delitos de sangre. Hay una espectacular magnificación para generar sensación de temor en las sociedades”, detalló.

La violencia institucional es otro de los denominadores comunes del relevamiento. Pedernera pidió “luchar tanto contra la violencia que ejercen los efectivos en la vía pública, como aquella que se ejerce en los lugares de detención”. “Acá tenemos un grave problema que es la falta de datos. Los países, por lo general, no brindan datos sobre el avance de estas investigaciones”, admitió con preocupación.

Entre los falsos imaginarios sociales de los jóvenes en conflicto con la ley aparecen centros de detención vendidos para el afuera como “colonias de vacaciones, como el mismísimo Disney World”.

El catedrático uruguayo contó que vio con sus propios ojos como en Brasil niñas embarazadas hacían sus necesidades en baldes ante la negativa de los guardiacárceles de abrir las celdas para poder ir a los baños.  

“Habría, por ejemplo, que abrir las puertas del Irar acá en Rosario para ver cómo viven estos adolescentes. Son lugares de sufrimiento. Esto hay que revisarlo”, pidió.