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El fallo con el que el juez federal Carlos Vera Barros definió su incompetencia en la Megaestafa por fraude inmobiliario y lavado de activos generó ruido en los Tribunales provinciales en momentos en que la causa entra en una etapa clave, previa al juicio. Es que el magistrado no sólo se declaró incompetente: concluyó en su resolución que no es su competencia porque en el caso no se registra el delito federal de lavado de activos, algo que los abogados defensores celebran pero que en la Justicia provincial lógicamente ven con preocupación.

La Megacausa generó desde el inicio fuertes expectativas, tanto judiciales como políticas, complementadas con el alto impacto mediático que logró en aquellos días de octubre de 2016, donde se sucedían sin pausa allanamientos y conferencias de prensa. Pero a medida que pasó el tiempo y avanzó la causa judicial, ese escenario inicial fue cambiando.

Lejos de las primeras semanas donde las pruebas se acumulaban contra los acusados y se descubrían nuevos vínculos entre detenidos, lo que daba fuerza a la Fiscalía, por estos días los abogados defensores disfrutan de cierta comodidad tras lograr algunas medidas que aflojaron la tensión y desdibujaron el horizonte. Lógicamente, en el ámbito de la Justicia provincial son muchas las caras de preocupación y se refuerza el trabajo para que el juicio llegue a buen puerto.

En agosto, los abogados del agente bursátil Jorge Oneto y del gerente de La Capital Pablo Abdala solicitaron el traslado de la causa a la Justicia federal, y la definición cayó en Vera Barros, quien definió su incompetencia. Pero el juez no se quedó ahí. Agregó en sus fundamentos algo que generaría un dolor de cabeza para la Justicia provincial. "De los elementos del sumario instruido por la justicia provincial, no surge la existencia de elementos que revelen su posible comisión (lavado de activos)”, concluyó Vera Barros.

El análisis que resuena en los pasillos de los Tribunales provinciales es que el juez hizo más que definir su incompetencia. Que dio un paso más al avanzar sobre el concepto de que no es competente porque no hay lavado de activos y, en ese movimiento, según la visión de algunos, el magistrado federal realizó un fallo resolutivo.

Esto derivó en un complejo escenario donde quedan en pie dos interpretaciones contradictorias sobre el mismo asunto investigado.

Es que la interpretación de Vera Barros de que no hay lavado en la Megacausa choca con el aval que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dio a la decisión del juez de Cámara de Apelaciones en lo Penal N°2, Daniel Acosta, de ampliar la acusación en el caso de la irregular compraventa del campo de Villa Amelia, investigado por la Unidad de Delitos Económicos y Complejos. El magistrado consideró que existía "un tipo agravado del delito de lavado de activos", que es el "lavado en banda".

Los abogados de los acusados habían señalado, en su momento, que Acosta se había extralimitado al elevar los tipos penales. Por eso la resolución de Vera Barros les sentó como anillo al dedo. Consideran que el fallo de la Justicia federal es “más que favorable”. Las defensas planean adherirse a la resolución de Vera Barros como si fuera el último pedazo de madera en un naufragio. Incluso la estrategia de los letrados viró: presentarían escritos planteando una declinatoria para que los jueces renuncien a la competencia, y así estirar aún más el proceso judicial.

No está claro el panorama de cara a la audiencia preliminar, previa al juicio, donde habitualmente se ajustan detalles, se repasan nulidades, vicios, y hasta se puede llegar a probations y abreviados. La Fiscalía está decidida a realizar la audiencia pero desde el núcleo de los defensores entienden que existe la posibilidad de posponerla hasta tanto no se agote el planteo de la competencia y se recorran todas las instancias. Más de un defensor tiene ganas de que llegue hasta la Corte Suprema de la Nación.

En la Justicia provincial temen que estas movidas de los letrados marquen el camino de la impunidad de un delito que tuvo sucesivas confirmaciones. 

Ahora hay un proceso en curso donde la justicia provincial ha confirmado que hay un hecho delictivo que se trata de lavado de activos y donde la justicia federal interpretó lo contrario. Al menos, hay algo en que coinciden altas fuentes de la Justicia provincial y defensores: que Vera Barros debió declararse competente, pedirle al juez provincial que le remitiera el caso y recién ahí opinar del sumario provincial y los presuntos delitos.