Un preso alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero pidió al Poder Judicial su libertad condicional al asegurar que estando en prisión desarrolló una aplicación que despertó el interés de una empresa líder a nivel mundial en tecnología y redes sociales, y que necesita de condiciones adecuadas para cumplir ese proyecto que implicaría su inserción laboral.

Los abogados defensores, Alejandro Impallari y Damian Andrés Vicente, solicitaron que se morigere la ejecución de pena a modo de prisión domiciliaria con fundamento laboral en beneficio de toda la sociedad. 

En la presentación, según Versión Rosario, aseguraron que un conglomerado estadounidense que trabaja en la tecnología para comunidades, ha aprobado y avalado una nueva aplicación superadora desarrollada por el mencionado preso desde su estado de detención y con un celular obsoleto que le fue retenido en una requisa.

La empresa aceptó el proyecto y promete un precontrato con un primer desembolso de 300.000 dólares, los que serán abonados contra la entrega de la aplicación terminada. La fecha límite para la entrega del producto ofrecido es el 7 de diciembre de este año. 

Según los abogados, para lograrlo debe tener a su disposición servicio de internet –a lo que en teoría desde los pabellones no debería acceder– y emplear al menos a 20 personas con amplio conocimiento en desarrollo web y javascript.

Otro aspecto singular del asunto es que el detenido habría desarrollado ese dispositivo tecnológico solo valiéndose de un teléfono celular con datos para navegar en Internet. El punto es que el acceso está vedado para las personas que cumplen pena de prisión. “En Piñero había inhibidores de señal pero él buscaba los lugarcitos para agarrar algo de señal y trabajar”.

Todo eso es usado por la defensa, que pidió que se morigere el estado de reclusión por una condena de 13 años de la cual ya cumplió siete por delitos de encubrimiento, como por ejemplo compra venta de autos de dudosa procedencia y de un homicidio. Como alternativa ante la solicitud, los letrados ofrecieron para finalizar el proyecto que haya al menos en el domicilio de la madre donde cumpliría la medida un empleado judicial con conocimientos en el tema, un policía y se le coloque un dispositivo de control.

Según el medio citado, la empresa estadounidense está tan interesada que ofreció u$s 25.000 para resarcir a sus víctimas, otros u$s 25.000 a la Policía de la Provincia de Santa Fe, y otros tanto al Poder Judicial de la provincia por generar un dispendio jurisdiccional innecesario y un desgaste en la investigación de los delitos, u$s 25.000 para los abogados defensores y u$s200.000 para todas las personas empleadas. 

Como opción, si la excarcelación no procede, los letrados proponen que se le conceda un régimen de salidas laborales extraordinarias y excepcionales, de lunes a sábado, de 9 a 21, para desarrollar el trabajo. Los profesionales anticiparon en la presentación que el proyecto de aplicación será presentado a la brevedad al presidente de la Nación, Javier Milei, como una propuesta de reinserción socio laboral de delincuentes.