Es un hecho que la provincia cortará el vínculo con la concesionaria Arssa, a cargo de la Autopista Rosario-Santa Fe, pese a que el contrato firmado en 2010 establecía una relación por diez años. Funcionarios del gabinete de Lifschitz ya deslizaron que la firma incumplió las inversiones de mantenimiento pactadas, como la repavimentación total de la traza, y ahora comienza a debatirse sobre el futuro de una de las arterias más importantes de la región.

La comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados se puso en movimiento y fue allí donde el diputado radical Fabián Palo Oliver (UCR), quien participó de la reunión en calidad de invitado, propuso terminar con las concesiones a privados e implementar un modelo mixto, con mayoritaria participación del Estado y las ciudades que la autopista atraviesa.

“Es necesario un nuevo modelo de gestión para la Autopista Santa Fe-Rosario. Estamos en total desacuerdo con el sistema de concesión a un privado. Es necesario un nuevo modelo de gestión para la autopista Santa Fe-Rosario y se descarta también, de plano, la figura de la licitación sólo para la administración y el mantenimiento y que deja a cargo del Estado las obras de infraestructura que requiere la autopista”, señaló el legislador, ex intendente de Santo Tomé.

El proyecto de Palo Oliver, que próximamente será ingresado a la Cámara de Diputados, propone  “la creación de una Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) para hacerse cargo de la gestión integral del corredor vial”. La sociedad estará constituida en un 51% por el Estado Provincial, en un 30% por los municipios que existen a lo largo del corredor entre Santa Fe y Rosario, y un 19% por capital privado.

Será entonces la Sapem quien se haga cargo de asegurar la continuidad y estabilidad laboral de los 300 empleados que actualmente prestan sus servicios en la empresa concesionaria. “Conservarán  su régimen laboral, los derechos adquiridos, la afiliación gremial que posean en la actualidad y la vigencia de su convenio colectivo de trabajo”, concluyó el autor del proyecto.

El inminente fin del vínculo con Arssa ya fue celebrado por actores de diferentes espacios políticos y organizaciones no gubernamentales vinculadas al tránsito. El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduvi), Ricardo Lasca, coincidió en que lo mejor es cortar la relación con la concesionaria, pero reprochó la idea de readjudicar el sistema.

Arssa está formada por las empresas Milicic SA, Laromet SA, Obring SA, Pecam SA, Rovial SA y Vial Agro SA, compañías que se reparten casi toda la obra pública de la provincia. Tras cinco años de convenio con la provincia, la ecuación económica sólo favoreció a una parte. La firma aumentó más de 300% el precio del peaje pero apenas repavimentó el 40% de lo acordado.