Proponen sacar del negocio de obras públicas a empresas incumplidoras
Un proyecto ingresado a la Legislatura provincial plantea sancionar con tres años de inhabilitación a aquellas firmas que no cumplan con lo firmado, tal como ocurrió con la empresa a cargo de la Autopista Rosario - Santa Fe, integrada por habituales oferentes de licitaciones estatales
El gobierno provincial ya avisó que en los próximos días liquidará la concesión de la Autopista Rosario – Santa Fe, cansado del incumplimiento por parte de Arssa. El contrato, que regía por diez años hasta 2021, se interrumpirá cinco años antes de lo pactado. Pero la preocupación por las empresas que no se atan a sus obligaciones persiste, y en esa línea se explica el proyecto que acaba de ingresar a la Legislatura para sancionarlas por ley y con dureza: dejándolas afuera del negocio de la obra pública.
“El contratista y las empresas o sociedades que no cumplen en debida forma con sus obligaciones con el Estado no podrán participar de las próximas licitaciones públicas por el término de tres años”, sentencia la iniciativa presentada por el legislador del Frente Para la Victoria Germán Bacarella, y que de ser aprobada se incorporará al artículo 89 de la Ley Provincial 5.188, de Obras Públicas.
Aunque destaca al reciente caso de Arssa como el más resonante y admite que a partir de esa problemática se inició la diagramación del proyecto, el diputado entiende que cada vez son más las firmas contratistas del Estado que incumplen con sus obligaciones. En el caso de la concesionaria a cargo de la autopista Brigadier López, el principal punto de conflicto fue que la firma no cumplió con el deber de llegar a la mitad del contrato (cinco años) con la totalidad de la repavimentación de la traza y sólo mejoró el asfalto en 70 kilómetros.
En ese caso, se abriría un conflicto de intereses acerca de los alcances de la ley, puesto que Arssa es una empresa constituida por otras que son habituales jugadoras de las licitaciones de obra pública como Rovial, Milici, Laromet, Obring y Pecam, entre otras.
Los tres años de inhabilitación para participar en licitaciones, “se hacen extensibles no solamente a la empresa contratista, sino también a aquellas que integran las Unidades Transitorias de Empresas (UTE) o que componen un grupo societario”, explicó Bacarella a Rosarioplus.com.
La decisión del gobierno de terminar con la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe se ampara en un contrato pactado y firmado que casi nunca se cumplió. Tras cinco años de malestar y desacuerdos por obligaciones que la firma postergó argumentando “condiciones estructurales desfavorables” de la traza, el vínculo pronto llegará a su fin, según anunciaron miembros del gabinete provincial.