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Marcela Viega tiene 53 años y es trans. No le pesa cantar la edad ante la consulta de Rosarioplus.com, porque sabe que cada vuelta alrededor del sol tiene un valor especial. Es que a Marcela, como  tantas otras mujeres trans rosarinas y de todo el país, le tocó ser una sobreviviente de la última dictadura militar que cernió una larga sombra de violencia y muerte entre 1976 y 1983. “La persecución no fue sólo ideológica, el sólo hecho de ser diferente ya era suficiente para que te persiguieran”, recuerda.

Marcela y otras diez mujeres trans rosarinas que fueron víctimas de la violencia por parte de la última dictadura militar están esperanzadas con el proyecto de reparación histórica que impulsa la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia, que implica incluir a este colectivo dentro de las leyes de reparación histórica ya existentes.

El colectivo trans fue uno de los que más sufrió la persecución y violencia de la dictadura. Marcela puede contarlo y se considera “sobreviviente”. “De mi generación lamentablemente quedamos muy poquitas”, dice con crudeza. Ella misma estuvo 17 días desaparecida en El Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura a principios de los 80s. 

Recuerda aquellos años como una época “muy dura”. “No teníamos derecho a la libertad, era literalmente una persecución”, afirma y remarca la “degradación hacia nuestra persona por el simple hecho de tener una sexualidad diferente”. “Éramos violadas, vejadas, maltratadas, picaneadas, había chicas que pasaban varios días presas,  cuando salían en libertad se bañaban en la celda y se iban derecho a la esquina a trabajar, pero a la hora ya estaban presas nuevamente”, narra.

Esa persecución, recuerda Marcela, se palpaba durante todo el día, todos los días. “No podías ir a la esquina a comprar cigarrillos, a un restaurante a cenar, por el simple hecho de vestirte como una persona del sexo contrario a donde te veían te subían al cuartito azul, como le decíamos a los camioncitos para transportar detenidos, y te llevaban a la policía”, detalla.

A Marcela la salvó el exilio. “Me tuve que ir bastante joven de Rosario porque en una redada logro escaparme y le rompo la nariz al jefe de Moralidad Pública, a partir de ahí era buscada por cielo y tierra. Me fui a Buenos Aires y después a Barcelona”, cuenta, pero sabe que su caso es una excepción a la lamentable regla de la época. “Muchas de las chicas que quedaron acá salían a la noche a trabajar y no sabías si ibas a poder volver”, lamenta.

Una reparación justa y necesaria

A Marcela le parece “maravilloso” que el colectivo trans sea incluido en la reparación histórica para víctimas de la dictadura. “Me parece correcto que a estas chicas que no tuvieron nada, no pudieron crecer en la vida y viven en situaciones bastante precarias se las pueda ayudar y que “que se les pida disculpas por las aberraciones”.

Mientras tanto, el proyecto está dando sus primeros pasos con reuniones entre funcionarios y mujeres trans que relatarán sus experiencias durante la última dictadura militar, al tiempo que el equipo de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual llevará adelante acciones de documentación sobre las violaciones de Derechos Humanos del colectivo trans en ese período.

“Para nosotros es muy importante que el Estado provincial avance por primera vez en el reconocimiento de la persecución y hostigamiento sistemático del cual fue víctima el colectivo de personas trans durante la última dictadura, que no ha sido debidamente documentado ni reconocido y creemos que es un acto de estricta justicia”, señaló el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, Esteban Paulón a Rosarioplus.com. 

“Tenemos claro que el colectivo de la diversidad sexual también fue víctima y estuvo en la mira del gobierno genocida y por eso nos parece muy importante que podamos avanzar en esta ampliación de los horizontes de los colectivos incorporados en las leyes vigentes de reparación histórica de la provincia”, agregó.

El funcionario explicó que son 11 mujeres trans de la ciudad de Rosario y otras 5 de la ciudad de Santa Fe con las que ya se está trabajando y con quienes ya se encuentran en instancias judiciales y administrativas para lograr el reconocimiento que “restituye derechos y dignidad”.