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Casi un centenar de asentamientos irregulares de Rosario podrían beneficiarse con el proyecto que este jueves diputados de Cambiemos presentaron al Congreso nacional y que impulsa la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes.

La iniciativa, presentada por los presidentes de las bancadas que integran el interbloque Cambiemos, Mario Negri (UCR), Nicolás Massot (Pro) y Elisa Carrió (Coalición Cívica), implica la creación del “Régimen de integración socio urbana y regularización dominial”, y permitirá la urbanización de las villas de emergencia donde habitan 3,5 millones de argentinos.

La presentación de este proyecto es la culminación de un trabajo que las organizaciones sociales y barriales llevaron adelante mediante censos y relevamientos en los territorios, a partir de acuerdos y convenios que alcanzaron con el Gobierno nacional en las mesas de negociación que se abrieron a inicios del 2016.

Una de las organizaciones que formó parte de los acuerdos y del trabajo de relevamiento de los asentamientos irregulares, barrios populares y villas miserias fue el Movimiento Evita. Ignacio Rico, responsable de la JP Evita, contó a Rosarioplus.com que dicho censo ya está completo entre “un 60 y 70%”, y que estaría finalizado hacia fines de año.

En Rosario, se contabilizaron casi un centenar de barrios populares, asentamientos irregulares y villas miserias. Los censistas realizaron un trabajo casa por casa en aquellas barriadas señaladas por un trabajo previo de la ONG Techo.

Rosarioplus.com accedió al listado de barrios que, en un anexo, acompaña al proyecto de Ley presentado por el interbloque de Cambiemos en el Congreso este jueves. En esa numerosa lista aparecen barrios como Villa Banana, Tiro Suizo, Puente Gallego, Bella Vista, Villa Fanta, La Granada, Cristalería, Industrial, La Bombacha, La Lagunita, Tío Rolo, Barrio Quinta, Las Flores Sur, Vía Honda, Triángulo, Itatí, La Guardia, Triángulo, La Palmera, Nuevo Alberdi Oeste, Mangrullo, Empalme Graneros, San Francisquito, Villa Oculta y Ludueña, entre otros.

Si bien los números finos del relevamiento no están terminados, Rico aseguró a Rosarioplus.com que “alrededor del 10% de los rosarinos” vive en barrios populares, asentamientos irregulares o villas miserias.

El proyecto

La iniciativa, consensuada con el Gobierno nacional, declara de "interés público" el régimen de integración socio urbana de los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) creado por Decreto 358/2017. 

La iniciativa oficialista sostiene que sólo serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados. En ese sentido, el proyecto determina que “la declaración de utilidad pública aplica exclusivamente sobre los bienes inmuebles en los que se encuentran asentados barrios populares debidamente relevados e identificados en el Renabap a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y cuya propiedad no sea del Estado Nacional”.

Se establece que "será la Agencia de Administración de Bienes del Estado la que actuará como sujeto expropiante", es decir que "individualizará los bienes inmuebles a expropiar incluidos en el Renabap, utilizando la totalidad de la información existente, así como aquella que pudiera obtener con el objeto de la mejor identificación de los bienes inmuebles sujetos a expropiación”.

También determina que la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá, además de "identificar los inmuebles sujetos a expropiación, promover el avenimiento con los titulares de registro de los bienes inmuebles sujetos a expropiación". 

Por otro lado, esa agencia y el ministerio de Desarrollo Social deberán celebrar acuerdos con las provincias, municipios y la ciudad autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir aquellos bienes inmuebles de titularidad de los mismos, que formen parte de los bienes inmuebles sujetos a expropiación., según precisa el proyecto.

Además establece que “en caso de falta de acuerdo, el PEN estará facultado a proceder al mecanismo de expropiación previsto en la presente ley, abonando los montos que determine el Tribunal de Tasaciones de la Nación”.

En cuanto a los gastos que se deriven de cada uno de los convenios firmados "serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes”, según se establece.  El proyecto oficialista crea un Fideicomiso “con el objeto de financiar  la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la presente ley".