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La jueza María Dolores Aguirre Guarrochena, del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Menores N° 4, resolvió archivar una causa que investigaba un supuesto abuso sexual ocurrido en una escuela por considerar que “no existen elementos serios y verosímiles que sustenten un proceso” y ordenó a Facebook la inmediata eliminación de publicaciones referidas al tema.

La denuncia fue realizada a principios de junio por la madre de un niño de siete años que asistía a una institución educativa en La Lagunita. Según dichos de la mamá, el chico había sido abusado en el baño de la escuela por ocho alumnos de 7mo grado.

A pesar de que el informe médico reporta signos de abuso de antigua data, en la resolución la jueza precisa que no se pudieron concretar entrevistas con el niño debido a una “actitud obstructiva” de la madre, de la cual se necesita un “mínimo de colaboración” para investigar el supuesto hecho.

Esto se contradice con la actitud que asumió la mujer, quien realizó una denuncia pública ante los medios de comunicación y divulgó incluso en Facebook el episodio del que supuestamente su hijo había sido víctima, incluyendo fotos de los hipotéticos agresores. “No dudó en publicar -o permitir publicar- en las redes sociales el episodio del que fuera supuestamente víctima su hijo y las fotos de los hipotéticos agresores, olvidando que también ellos eran niños”, remarcó la magistrada.

Según consta en el expediente de la causa, el hecho de que alumnos de primer y séptimo grado hayan podido compartir el baño aparece como posibilidad “remota”. Esto se deduce de las declaraciones de la directora del establecimiento al referirse a la organización de la escuela, los horarios y espacios destinados a cada curso, presencia de profesores y asistencia y ausencia de los implicados durante los días en los que supuestamente ocurrieron los abusos.

Para Aguirrre Guarrochena, “aún aplicando el máximo esfuerzo por interpretar el discurso de la madre resulta imposible tomarlo como elemento incriminante serio”. 

En su resolución, la magistrada realizó un “llamado de atención” a los responsables de los medios de comunicación, de las redes sociales y a los operadores y funcionarios de todos los organismos del Estado por no haber sabido proteger a los niños acusados. Hizo hincapié en la responsabilidad que deben tener los adultos cuando en el medio hay menores implicados y criticó el hecho de que por tener una primicia se provoque un daño en la imagen y el nombre de una persona, muchas veces irreversible.