Más de 200 organizaciones feministas y transfeministas del país se manifestaron a favor del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. A través de un comunicado, aseguraron que la Corte “constituye la cabeza de un sistema judicial patriarcal, clasista, racista, antidemocrático, corporativo y deshumanizado a las demandas sociales”.

El comunicado en cuestión fue presentado ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación y lleva plasmadas en total 235 firmas de todo el país que fueron elevadas apoyando el proceso de investigación y enjuiciamiento político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti integrantes de la Corte y solicitando, además, que se incorporen las demandas con perspectiva de género y diversidad.

El texto completo:

Desde el movimiento feminista venimos denunciando el mal funcionamiento del sistema de justicia y la falta de acceso de mujeres, diversidades y niñeces. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituye la cabeza de un sistema judicial patriarcal, clasista, racista, antidemocrático, corporativo y deshumanizado a las demandas sociales.

Este diagnóstico resulta de los debates que venimos impulsando desde el movimiento. En los últimos años, hemos problematizado nuestro recorrido por el sistema de justicia, no sólo como víctimas, sino como ciudadanas que fuimos a buscar la intervención de la justicia, y solo encontramos demora, desigualdad y violencia institucional. En distintas provincias de nuestro país, hemos denunciado a funcionarios judiciales por mal desempeño.

Comprometrerse activamente desde la sociedad civil, a reclamar la transparencia y rendicion de cuentas del Poder Judicial es parte de la agenda feminista. Sin justicia no tenemos derechos.

La Corte, como autoridad máxima del Poder Judicial, debe ser ejemplo en la administración de justicia. Sin embargo, su rol se ha tergiversado al punto tal de transformar uno de los poderes del Estado en una herramienta de extorsión y persecución, en defensa de los intereses de los mismos de siempre: los poderosos.

Para ser integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la ley exige una serie de requisitos. En este sentido, necesitamos magistrados y magistradas que no solo tengan idoneidad técnica, sino que la idoneidad moral sea la base del respeto a los derechos humanos, que trabajen arduamente para hacer primar las normas destinadas a garantizar el bien común.

Actualmente la Corte no sólo carece de legalidad, ya que incumple con los requisitos de idoneidad moral y respeto a los derechos humanos, sino que además carece de integración por género. Sin mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hay posibilidad de aplicación de la perspectiva de género. La actual composición de la Corte refleja la exclusión que vivimos mujeres y diversidades en los ámbitos de poder.

Sostener una Corte Suprema de Justicia de la Nación, que encabeza y representa las falencias de un sistema que vulnera derechos, reproduciendo y legitimando la violencia atenta a la democracia y el Estado de derecho.

Recientemente se han filtrado en los medios de comunicación chats que evidencian una práctica que no es nueva: salió del closet el mecanismo corrupto por el cual se confeccionan las sentencias. Estas conversaciones dejaron al desnudo cómo se resuelven cuestiones fundamentales que atañen a la ciudadanía: en una fiesta, en la casa de los poderosos, demostrando el ataque permanente a las instituciones, y atentando contra las garantías constitucionales, como la existencia de un juez imparcial.

Los escándalos de corrupción, del que viene siendo parte integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como de otros tribunales del país, es una muestra clara que el sistema judicial se encuentra en un crisis insostenible y que requiere cambios urgentes para resguardar el estado de derecho.

Hay un sin fin de ejemplos que evidencian la contraofensiva del alto tribunal al avance de derechos de las mujeres y diversidades. No accedemos al máximo tribunal. Los cientos de miles de pesos en concepto de tasa de justicia que se debe abonar para que la Corte evalúe un caso constituyen una barrera económica en la resolución de nuestros conflictos. Defienden las lógicas e intereses patriarcales cuando se resisten a capacitarse en género como establece la Ley Micaela. El poder judicial se resiste a respetar los derechos humanos de más del 60% de la población en Argentina.

Rosatti, presidente de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, bloqueó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la designación, la investigación y la sanción de jueces violentos y que no juzgan con perspectiva de género.

Sostener esta Corte Suprema de Justicia de la Nación que atenta contra las instituciones, la democracia y los derechos fundamentales, es un mensaje implícito que legitima la corrupción y la ilegalidad para el resto de los tribunales de índole inferior en todas las provincias. Pero también un mensaje implícito para el pueblo: con esta Corte no hay derechos ni justicia. Con esta corte ilegítima se fortalecen procesos judiciales que tienden a proteger a violentos. Cuando desoyen nuestros reclamos de justicia, son cómplices de abusadores obligando la revinculación de niñeces víctimas de abuso sexual infantil, apañan la desigualdad cuidando el bolsillo de los progenitores cada vez que fijan cuotas alimentarias por debajo de la línea de pobreza, criminalizan mujeres y disidencias en la búsqueda de justicia.

Manifestamos la preocupación y solicitamos la intervención de los otros poderes del estado a tomar medidas urgentes para revertir esta situaciones, a todas las fuerzas políticas, quienes tienen un compromiso con el pueblo y deber supremo de representar nuestras voces en virtud de la elección popular.

Los feminismos y transfeminismos acompañamos el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Solicitamos a todos los bloques de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación que debatan este pedido incorporando nuestras demandas.