El sindicato Amsafe reclamó al gobierno provincial "la urgente solución de los traslados y la movilidad de estudiantes y docentes secundarios de zonas rurales a las escuelas" de campo. Y como telón de fondo, le marcó dos casos dolorosos de la historia reciente en la provincia, con maestras muertas en el tránsito hacia sus lugares de trabajo: el caso de Daniela Spárvoli en 2003, y el del accidente de Tostado en 2013 en el que murieron siete docentes y otras tres personas.

"La problemática del transporte de los docentes de escuelas rurales no es nueva. Forma parte de una agenda de largo y permanente reclamo de nuestra organización sindical. Ya hemos padecido los riesgos que genera la ausencia del Estado en este tema, solo debemos hacer memoria y recordar las tragedias en las rutas (Tostado 2013) así como la violación y asesinato de nuestra compañera Daniela Spárvoli en el 2013", señaló el gremio en un comunicado.

El 27 de mayo de 2013, una combi que llevaba a trabajar a docentes rurales en el departamento 9 de Julio chocó de frente contra una camioneta en la ruta 95, cerca de la ciudad de Tostado. Murieron siete maestras, además de otras tres personas. Iban a dar clases a escuelas rurales en Pozo Borrado, San Bernardo y Villa Minetti.

Daniela Spárvoli, de 27 años, era una maestra que trabajaba en Villa Eloísa y vivía en Carcarañá, adonde volvía todas las tardes haciendo dedo en la ruta. El 14 de mayo de 2003 subió a la Kangoo de un hombre que se ofreció a llevarla, pero que la violó y la asesinó.

El Ministerio de Educación provincial ya comunicó su decisión de dejar de costear los combis y remises que habitualmente trasladaban a docentes -y también a alumnos- a las 700 escuelas rurales y periurbanas que hay en Santa Fe. Por eso el lunes hubo un abrazo solidario a uno de esos establecimientos, en Uriburu al 7500, como protesta. Pero este martes el secretario de Gestión Territorial y Educativa del gobierno, Federico Paggi, ratificó la medida en declaraciones a La Capital. Como alternativa, el funcionario propone que las docentes viajen "por sus propios medios" o "juntarse entre varias para pagar la nafta y trasladarse".

"La incertidumbre respecto de esta situación, no hace más que refrendar la idea de que se trata de un nuevo ajuste a la educación pública, de la cual el Estado tiene la responsabilidad constitucional de ser garante", apretó Amsafé. 

Una salida que promueve el gobierno es tirarle la pelota a los presidentes comunales, y que sean ellos los que costeen esos gastos. "No vamos a permitir que el Estado delegue esa responsabilidad en las comunas, que ya se encuentran en crisis debido al contexto económico nacional y no poseen los fondos para afrontar una situación que, en definitiva, es obligación de la gestión educativa provincial. Esta política de ajuste significará que cientos de alumnos se verán seriamente afectado su derecho social a la educación y no podrán continuar asistiendo a escuelas rurales de nivel medio", enfatizó el comunicado gremial. 

"El traslado seguro es una preocupación que afecta a todos los niveles de la ruralidad y que requiere una atención integral. Desde Amsafe exigimos abrir un espacio de debate para discutir una política global para atender la ruralidad, desde una perspectiva general que mire tanto lo propio de esta enseñanza como los problemas que acarrean la falta de trabajo y el desarraigo. El Estado debe estar presente para garantizar una educación pública gratuita que los docentes puedan llegar seguros a trabajar", concluyó el pronunciamiento del sindicato que conduce Sonia Alesso.

A la vez, aguardan su hora en Legislatura sendos pedidos de explicaciones al Ejecutivo sobre este tema, que presentaron, respectivamente, el diputado Leandro Busatto y el senador Felipe Michlig.