La Provincia revocó la titularización de 500 docentes por irregularidades
El Ministerio de Educación de Santa Fe revocó tres expedientes de titularización docente y llamó a nuevo concurso “conforme a la normativa vigente”, luego de que se detectara irregularidades en el nombramiento de la gestión provincial anterior de unas 500 personas sin antecedentes ni títulos requeridos para el cargo.
Desde Amsafe ratificaron "la importancia de la estabilidad laboral fruto de las discusiones paritarias" y anticiparon que se realizará una reunión de delegados "en forma urgente" para analizar las cuestiones legales "frente a este ataque a los derechos de las y los trabajadores".
En tanto, la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, dijo que se trabajará para que esos agentes que pierden la titularidad puedan acceder a "un proceso conforme a las reglamentaciones”. “Son concursos que si bien estuvieron acordados en paritarias, se han omitido escalafones, juntas de calificaciones, legajos, un montón de observaciones legales que hacen que se tenga que determinar la nulidad de esos procedimientos”.
En esa línea, la funcionaria detalló que “las resoluciones de los últimos 6 meses de la gestión anterior, que comprometían el gasto fijo de la provincia, fueron analizadas por la Comisión creada por el decreto 89, en razón de la Ley de Responsabilidad Fiscal”.
“Esa Comisión -prosiguió Cantero-, y en función de los informes obrantes del Ministerio de Educación, ha determinado por la cantidad de irregularidades detectadas la nulidad de esas resoluciones, algunas tomadas el 5 de diciembre de 2019, a cuatro días de terminar la gestión pasada”.
El Tribunal de Cuentas se expidió en la misma línea y exhortó al Ministerio de Educación para que lo resuelva. Ante este escenario, la ministra indicó que se resolvió “convocar a nuevos concursos y a los gremios docentes para conversar sobre la situación”.
Finalmente, desde la cartera educativa se aclaró que los docentes que fueron titularizados y se encuentran involucrados por esta situación, no dejarán de cobrar, aunque si verán reflejado un cambio de situación de revista y pasen a la condición de interinos.
La respuesta de los docentes
Antes de la confirmación oficial de la mediad, desde AMSAFE destacaron "la importancia de la estabilidad laboral fruto de las discusiones paritarias" y anticiparon que realizarán "una reunión en forma urgente para analizar las cuestiones legales frente a este ataque a los derechos de las y los trabajadores".
"Luego de años de lucha, las y los docentes de la provincia de Santa Fe logramos una Ley de Paritarias, y con ella la posibilidad de discutir mejores condiciones de trabajo, salario y carrera docente, entre otros temas", indicaron desde el gremio, a través de un comunicado en Facebook.
"Cada concurso, cada avance lleva análisis, debates, resguardo del puesto de trabajo y el respeto de las trayectorias docentes, lo que se pone de manifiesto en las convocatorias surgidas del ámbito paritario", señalaron y concluyeron: "El gobierno provincial no puede avanzar sobre los derechos adquiridos de las y los trabajadores".
Balagué repudió la medida
La diputada de la provincia provincial y ministra de Educación de Santa Fe entre 2012-2019, Claudia Balagué, calificó a la decisión de la Casa Gris como un "nuevo ataque" a la Educación, que "se suma a la falta de acompañamiento a docentes durante la pandemia, y la derogación del bono a reemplazantes, entre otros". "Por acción u omisión del Ejecutivo actual se ponen en peligro derechos laborales", indicó la legisladora, a través de su cuenta de Twitter.
"Desde el FPCyS siempre gestionamos la Educación con la participación de docentes, gremios y comunidad, de manera transparente y apegada a las leyes y normativas vigentes, y sobre todas las cosas respetando la trayectoria docente, y nunca atentando contra sus derechos", aclaró la ex funcionaria, y remarcó que en los últimos 12 años de titularizaron 55.000 cargos. "La decisión de dar de baja concursos que otorgan derechos acordados con los gremios en paritarias no tiene antecedentes", apuntó.
Según comentó Balagué, los cargos cuestionados por Cantero afectan a personal abocado a garantizar derechos establecidos en la Ley Nacional de Educación. Son integrantes de los equipos interdisciplinarios que llevan adelante políticas públicas de inclusión socioeducativas. "Se trata de perfiles profesionales que cumplen tareas fundamentales como la prevención de adicciones, la atención de situaciones de bullying y violencia, y de contención como el Nueva Oportunidad y el Vuelvo a Estudiar, indispensables en estos tiempos", explicó.
"Toda la información de lo actuado, especialmente lo relativo a los concursos, se puso a disposición de la actual ministra quien rechazó sistemáticamente reunirse durante la transición. Esas carpetas fueron entregadas a los representantes enviados por el entonces gobernador electo", concluyó la diputada.