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El mundo está sumido en el caos producto de la propagación del Coronavirus Covid-19.
Entre las cifras de contagiados, muertos, y el miedo creciente debido al derrumbe
económico, los sistemas políticos democráticos parecen no dar abasto para ofrecer
respuestas a la superposición de ambas crisis.

Mientras tanto, ese mismo caótico contexto global es aprovechado por otros sistemas
políticos no democráticos para extender su poder y cercenar libertades.

El endurecimiento chino sobre Hong Kong

Aunque fue resistida durante meses en las calles, la ley de seguridad nacional china para
Hong Kong fue ratificada y firmada la semana pasada por el presidente Xi Jinping. Si bien
no será retroactiva -como había sido planteado en un comienzo- su máxima pena será la
cadena perpetua.

La normativa fue aprobada con una velocidad poco convencional por el burocratizado
poder legislativo chino, que también votó a favor de adjuntarla al Anexo III de la Ley
Básica -la denominada “mini Constitución de Hong Kong”- que permite al gobierno de Xi
Jinping incluir leyes nacionales para su cumplimiento en la ciudad semiautónoma, que
cuenta con un sistema legal propio. Sólo resta que el gobierno local de Hong Kong la
promulgue también para que tenga efecto en su territorio. Recuérdese que, en virtud del
tratado de cesión de Hong Kong que el Reino Unido le hizo a China en 1997, el régimen
especial de la ciudad no debería ser modificado hasta 2047, algo que -de hecho- quedará
ahora sin efecto.

Los cuatro delitos tipificados en la ley son: secesión, subversión -acusación empleada
habitualmente por el gobierno chino contra disidentes y activistas políticos-, actividades
terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras en contra de la seguridad nacional. El
objetivo de esta norma sería desarticular a grupos políticos presuntamente controlados
desde los Estados Unidos en Hong Kong. El gobierno chino sospecha que su par
estadounidense intenta soliviantar a sectores de la población local para que se revele
contra su autoridad. Lo curioso es que emplea figuras legales muy similares a las se
emplean en los Estados Unidos. Ya se sabe que más que la figura legal utilizada, lo que
importa es quién tiene el poder para determinar quién es secesionista, subversivo,
terrorista o confabulador. En las democracias existe una separación de funciones en el
ejercicio del poder público que permite que individuos y grupos puedan ejercer el derecho
a la legítima defensa en el marco del debido proceso. Además, la libertad de opinión e
información, junto con el cumplimiento de la regla de la mayoría y el respeto inexcusable
por el ejercicio de los derechos de las minorías son condiciones sine qua non para que
una democracia sea efectiva. Nada de eso sucede en China, donde el control de todas las
esferas de poder está hegemonizado por el Partido Comunista.

En este marco, el hecho que no se haya avanzado hacia una aplicación retroactiva de la
norma, actúa como un ligero atenuante. La ley se hará cumplir de ahora en adelante y
servirá como advertencia para quienes se manifestaron en el pasado reciente. Pero con
penas que oscilan entre los 10 años de cárcel y la prisión de por vida, constituye un
recorte profundo de la libertad que caracterizaba a la sociedad honkongesa, en contraste
con lo que sucede en el resto de China.

Putin forever

Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin dio el último paso para garantizarse que
conservará el poder absoluto. El pasado miércoles los rusos le dieron vía libre a la
reforma de la Constitución, que concede al presidente la posibilidad de quedarse en el
poder durante otros dos mandatos, es decir, hasta 2036. Pese a que nada lo obligaba a
hacerlo, dado que la reforma constitucional ya había sido aprobada por el parlamento y
por el Supremo Tribunal de Justicia, Putin apeló a la consulta popular para legitimar las
modificaciones. Con los distintos sectores opositores disminuidos, especialmente por las
prohibiciones de reuniones producto de las medidas de restricción impuestas a raíz de la
pandemia, la decisión de reformar la Constitución alcanzó un gran respaldo. Con una
participación electoral en torno al 65 por ciento de la población habilitada para votar, más
de un 77,9 por ciento lo hizo a favor de la reforma. Un vez más, Rusia esconde detrás de
la aplicación de la regla de la mayoría lo que a todas luces es un gobierno autoritario con
pretensiones de perpetuación. Los derechos de las minorías son prácticamente
inexistentes y la libertad de opinión e información muy restringida.

Las enmiendas a la Constitución no hacen más que contraer aún más las libertades. Pese
a la profunda crisis económica que atraviesa el país y al creciente descontento social,
Putin, que lleva dos décadas en el gobierno, se mantiene solitario en el centro del
escenario político, como garante de la estabilidad y el patriotismo. La reforma le permite
aplacar las especulaciones sobre su eventual sucesión y lo dota de mayor autoridad
frente a la crisis. Sin embargo, sin obstáculos a la vista, si la situación económica y social
empeorara, el gobierno ruso no tendría demasiadas herramientas más que la represión
para contener un posible desmadre.

Las enmiendas no son simplemente cosméticas y van más allá de la perpetuación en el
poder de su ideólogo. Suponen cambios estructurales que le dan al presidente más poder
sobre el trabajo de los tribunales y los fiscales. También impulsan el papel del Consejo de
Estado, un cuerpo asesor que Putin ya dirige, consagrándolo en la Constitución como una
herramienta del poder ejecutivo. Esto, de hecho, podría darle otra salida a Putin para
mantener el control de los resortes del Estado incluso si descartara permanecer en la
presidencia. La modificación también da prevalencia a la ley rusa sobre cualquier otra, lo
que podría dificultar los recursos ante organismos internacionales.

La Constitución reformada perfila un país más conservador y nacionalista. Impide el
matrimonio igualitario. Remarca que los jóvenes recibirán una educación patriótica y el
idioma ruso es impuesto como el único oficial, elementos ambos que, en un país diverso y
multiétnico como Rusia, producirán tensiones internas.

Las enmiendas incluyeron atractivas medidas populares, como la mención de que las
pensiones deben subir conforme a la inflación y que el salario mínimo debe establecerse
por encima de la línea de la pobreza. Putin necesitaba asegurarse una alta participación
para darle legitimidad a una reforma que, en definitiva, consistía en un plebiscito sobre su
persona. Y obtuvo lo que quería.

La mayoría de los rusos avaló la hipoteca de su propia libertad a mediano y largo plazo
tras la promesa de una supuesta estabilidad que estaría próxima a llegar. Quizás la falta
de ejercicio de la libertad en una sociedad que nunca experimentó ni democracia ni
república en sentido estricto explique ese aval a medidas que tornan al país cada vez más
autoritario. Es el miedo a la libertad al que se refería Erich Fromm: eliminar la
incertidumbre prescribiendo qué pensar y cómo actuar.

Ambos casos, el chino y el ruso, exponen cómo la pandemia es utilizada para avalar
recortes a la libertad, ya sea aprovechándose de una opinión pública global atribulada en
torno al monotema, ya sea impidiendo el accionar de opositores con el argumento de la
cuarentena.

Los casos chino y ruso deberían servir para reflexionar acerca de si efectivamente la
humanidad será mejor cuando cuando el Covid-19 deje de ser el problema.