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Una mujer que en 2014 asesinó a su concubino al prenderlo fuego y tirar su cadáver en un volquete de residuos llegó a juicio oral y público este jueves, en los tribunales provinciales. Y su situación, más el perfil de la causa que la mantiene detenida en la Unidad Penal IV, hizo coincidir al fiscal Adrián Spelta y a su defensor oficial: ambos pidieron al tribunal que la juzga que la declare inimputable y la absuelva. La única diferencia es que el acusador pide que la mujer, hoy de 36 años, sea internada en un hospital psiquiátrico, y su abogado en cambio pide que recupere la libertad.

El fiscal Adrián Spelta consideró hoy, en la primera audiencia del juicio, que Marina A. "no podía comprender la criminalidad de lo que hizo" el 13 de noviembre de 2014, en la precaria vivienda que habitaba en el asentamiento de Avellaneda y Circunvalación conocido como villa La Cariñosa. Aquella noche, discutió con su pareja, Alejandro Marcelo Silva, de 37 años, y en el fragor de la pelea ella lo roció con alcohol y le prendió fuego.

Silva murió allí mismo, ante la presencia de Marina, quien luego envolvió el cuerpo calcinado con una frazada y lo trasladó hasta un volquete de residuos de calle España al 4200, donde la policía -alertada por un vecino- acabó por encontrarlo.

Fuentes de la investigación señalaron entonces que la mujer sufre trastornos bipolares y compulsivos, mientras que la víctima recibía tratamiento psiquiátrico en un centro asistencial de la zona. 

Con este caso arrancó el 16ª juicio oral que se desarrolla en Rosario desde la vigencia del nuevo sistema penal. Spelta, en su primera alocución, sostuvo que los médicos psiquiatras entendieron que la mujer “al momento de los hechos no pudo comprender la criminalidad de sus actos, en virtud de una alteración morbosa y patológica de su conciencia”, por lo cual pidió su absolución del delito de homicidio calificado por ensañamiento, tal como está imputada hasta ahora.

Según los informes psiquiátricos, la mujer “puede ser peligrosa para sí misma y para terceros”, por lo que Spelta pidió su internación en un instituto de salud mental a puertas cerradas para su tratamiento.

Por su parte, el Ministerio Público de la Defensa, a cargo de patrocinar a la mujer, avaló el pedido de absolución, pero se opuso a que sea internada porque se trataría de “una pena encubierta”. Pidió su libertad ya que entienden que “la alternativa terapéutica más conveniente sería aquella que promueva los vínculos sociales y familiares que asegure su evolución y estabilidad emocional”.

El tribunal está presidido por la jueza Raquel Cosgaya, secundada por sus pares Juan Carlos Curto y Juan Carlos Vienna.