Tras la nueva balacera ocurrida este viernes contra el Centro de Justicia Penal, la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia emitió un duro comunicado para “repudiar enérgicamente los actos de agresión e intimidación” y pusieron la lupa sobre las fuerzas de seguridad.

En la extensa misiva, interpretaron el ataque como “un intento de intimidación hacia quienes ejercen funciones dentro del Sistema de Justicia Penal”, así como también “un ataque a la integridad física de quienes trabajamos en este edificio” y “un intento de generar inestabilidad y zozobra institucional”.

Asimismo, señalaron que esto “se enmarca en un conjunto secuencial de hechos que sistemáticamente han tenido como protagonistas a integrantes de las fuerzas de seguridad”. Entre ellos mencionaron el retiro de la custodia policial del edificio, la fuga de detenidos y la “comisión de delitos violentos en las narices de la custodia del edificio”.

En este sentido, los fiscales advirtieron que “se trata de una situación de gravedad institucional” y exhortaron a las autoridades del MPA a que, “sin demoras”, den prioridad de investigación y juzgamiento a este tipo de ataques. En tanto, señalaron que esto debería incluir la prohibición de optar por salidas alternativas al juicio oral y a la condena.

Entre otras cuestiones, solicitaron al poder Ejecutivo asignar las partidas presupuestarias “adecuadas para, de una vez, dotar al MPA de instalaciones que se adecuen estrictamente a estándares de seguridad internacionales y a las normas de habilitación para edificios públicos, en general y para edificios donde se cumplan funciones de alto riesgo”. 

Esto incluye el blindaje de edificios, el resguardo de informacion, sistemas de monitoreo, etc.

Además, requirieron que se conforme un cuerpo especial de prevención, profesional, auditado y dotado de los recursos suficientes para hacerse responsable de la seguridad de los edificios y de las personas que allí trabajan.

"Continuar tolerando los riesgos que representen una estructura precaria y no considerar el tema con la debida diligencia como se ha hecho hasta ahora, no es una opción. Si pretendemos que las leyes se cumplan es intolerable cualquier ataque, intimidación o presión indebida contra los fiscales o magistrados", concluyeron.