Unas 25 organizaciones feministas del Departamento General Obligado emitieron un comunicado en el que manifiestan su preocupación y reclaman modificaciones tanto en la Justicia del norte santafesino como en los ejecutivos. La decisión de expresarse públicamente se tomó luego de haber observado cómo se reiteran situaciones de encubrimiento, aprietes y revictimizaciones en varios casos de violencia de género e infantil, agravado por tratarse de funcionarios públicos con cargos jerárquicos, en las ciudades de Reconquista y Avellaneda.

En la misiva reclamaron la necesidad de “identificación de funcionarios que intentaron encubrir, o lo hicieron, a agresores sexuales; juicio político y apartamiento del fiscal Aldo Gerosa en la causa del asesor del ex intendente de Avellaneda Scarpín, Marcelo Galaz; e informes elaborados por las áreas intervinientes sobre la aplicación del protocolo para el acompañamiento de víctimas de abuso sexual; así como perspectiva de género en el abordaje de las situaciones de violencia de género y aplicación efectiva de la ley Micaela”.

Las organizaciones hicieron hincapié en la resolución del auditor Leandro Mai en torno al obrar del fiscal en favor del asesor de Scarpín, que le dio, en una causa por abuso sexual de una familiar cuando era menor de edad, condena reducida y prisión domiciliaria. Y recordaron que en el Municipio de Reconquista en lo que va del año fueron denunciados por abuso sexual dos funcionarios políticos, uno a cargo de una jefatura de área de gobierno y asesoramiento legal, y el otro jerárquico en el área de tránsito. Los dos fueron denunciados por empleadas por abuso sexual. Al jefe de inspectores la justicia le dio prisión domiciliaria, tal como como pasó con Galaz, y lo llamativo es que reside a pocas cuadras de las víctimas, las cuales siguen sintiéndose presionadas.

Mariana Meza es referente de Mumalá en el norte provincial y consultada por Rosarioplus.com recordó el trascendido de un audio en que el senador departamental Orfilio Marcón “pidió al fiscal Gerosa convencer del abreviado, con seis millones de pesos para que se termine el asunto y no perjudique a su campaña de cara a las próximas elecciones, a cambio de conseguirle un cargo de juez. No pararemos hasta que haya una justicia con perspectiva de género para terminar con la impunidad”. 

Gabriela Sosa, referente nacional de Mumalá, destacó por su parte que el reclamo de las organizaciones se centra en mejorar “este Poder Judicial encubridor, el Ejecutivo en ambas ciudades, y en la legislatura los funcionarios que presionan, como Marcón, de quien se conocieron audios preguntando al fiscal Gerosa por la causa, para que baje la sentencia. Entendemos que se definía el ascenso de Gerosa a juez, y que en ese marco llevó el caso a juicio abreviado”.

En la actualidad el juicio contra Galaz se encuentra paralizado, ya que el juez de la causa, Santiago Banegas, decidió inhibirse antes de homologar el convenio de partes por el cual se acordó el juicio abreviado.Galaz goza de prisión domiciliaria actualmente y ya pagó la indemnización a la víctima.

Mariana explicó que esta situación es general en el Departamento General Obligado, considerando que las dos grandes ciudades se conectan a través de un puente, y las dirigencias políticas de ambas son conservadoras primordialmente. “En los últimos años afortunadamente las organizaciones feministas y de derechos humanos tejimos redes más fuertes, y es por eso que ahora las personas que fueron violentadas también se animan a denunciar los abusos”, analizó.

“La connivencia del poder político con el judicial coincide en ambas ciudades, y si bien sabemos que es histórico, no concebimos la impunidad con la que aun se manejan, que pretenden reducir sentencias o terminar rápidamente un proceso judicial porque los poderosos quieren no quedar pegados para las elecciones”, precisó.

Lo ocurrido en Avellaneda, “tanto el caso de abuso del asesor de Scarpín, Galaz, como el posterior intento de acuerdo abreviado por parte del fiscal –que encima dirige la Unidad Fiscal Especial de violencia de género sexual y familiar-, sin siquiera notificar a la víctima, fue gravísimo. Entendemos que él solamente buscaba llegar al puesto en un juzgado, sin importarle revictimizar a la víctima, respondiendo al senador como si fuese patrón de estancia”.

Recordó que inclusive el senador Marcón se acercó a una de las audiencias en el caso Galaz. Algo que el diputado Flavio Palo Oliver destacó en un pedido de informes elevado hace una semana a la Auditoría General de Gestión del MPA, donde reclamó “la explicación pública del senador respecto de los motivos de su presencia en tribunales lejos de despejar dudas incrementó los motivos de sospecha de muchos, en especial de la víctima y su entorno”.

A su vez en torno a las denuncias de abuso en la intendencia de Reconquista, Meza consideró como “grave que el asesor legal, justamente que ha defendido casos de abusos, sea denunciado por eso mismo, y también sabemos del poder que tiene el jefe de tránsito denunciado, que pedía favores sexuales a cambio de puestos a las inspectoras.

Sosa precisó que “la Municipalidad de Avellaneda buscó tapar primero el asunto de Galaz, y este año vimos cómo por otro lado, en Reconquista también hay ocultamientos, y recién ahora se conocieron estas denuncias de abuso de dos funcionarios. Sabemos que detrás de todos estos casos hay un gran poder económico, son ciudades muy relacionadas con los negocios del campo y Vicentín, y por eso los empleados históricamente no han denunciado estas cuestiones”.

El pedido de informes de la Legislatura

En la misiva elevada por el diputado provincial Oliver al MPA y a la Cámara de Senadores, enumera los asuntos en relación al caso Galaz de la ciudad de Avellaneda, y allí expresó que “resulta necesario que el MPA a través de sus órganos analice y se expida sobre las conversaciones reconocidas públicamente por el fiscal Aldo Gerosa y el senador Orfilio Marcón. Se pone de resalto que los protagonistas (Gerosa y Marcón) se han extralimitado y que el contenido de su conversación, en el contexto denunciado, atenta contra el correcto funcionamiento de los poderes del Estado y de sus instituciones”.

Y luego continuó: “Es inmoral que un funcionario judicial acuda a un legislador por fuera de los canales institucionales para discutir sobre los concursos en los que participe. Es aún más inmoral que en la misma conversación un legislador consulte sobre una causa penal en la que interviene el mismo funcionario”.

Entonces recordó que “en una entrevista radial, el Senador Marcón ha justificado su consulta al Fiscal Gerosa respecto de la posibilidad de un acuerdo que favorezca a Galaz en la sospecha de parte de la sociedad de Reconquista y Avellaneda de su injerencia en la causa en beneficio del acusado y en claro perjuicio de la víctima. Claramente no comprende el alcance de sus actos”, y luego sentenció: “Es necesario que la Cámara de Senadores también analice este pedido y determine si la conducta del Senador Marcón se encuentra o no dentro del marco normativo”.