Un auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe solicitó que un fiscal de la ciudad de Reconquista sea destituido de su cargo por su accionar en un caso de abuso sexual en el que presionó y violentó a la víctima.

Leandro Mai, auditor del MPA, consideró que el oficio del fiscal Aldo Gerosa "procede la sanción de destitución en el cargo" por su actuación en un caso de una mujer que denunció a un familiar por abuso, para quien la Fiscalía iba a pedir 32 años de cárcel.

El imputado en la causa acordó con el fiscal por el beneficio de la prisión domiciliaria -al día de hoy permanece en su casa-, con un juicio abreviado que bajaba la pena a siete años.

El auditor Mai consideró que el fiscal Gerosa, que se desempeña como jefe de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género Sexual y Familiar de Reconquista (Gefas) cometió faltas que "revisten de entidad suficiente como para poner en crisis su continuidad en el cargo".

Mai le endilgó a Gerosa "haber revictimizado a la mujer víctima en situación de vulnerabilidad en el marco de las presentes actuaciones dándole un trato indecoroso, molestándola y presionándola para que firme un acuerdo de juicio abreviado sin haber velado por la salvaguarda de su intimidad, ni informarle los avances de las negociaciones con la defensa".

El juez Santiago Banegas se negó a homologar el acuerdo entre Marcelo Galaz, ex secretario privado del senador nacional Dionisio Scarpin, y su familiar, quien ahora es mayor de edad, y de la que abusó sexualmente desde los cuatro hasta sus diez años.

"Esta auditoría se inhibe de continuar el presente procedimiento disciplinario en el entendimiento que en el caso en concreto procede la sanción de destitución en el cargo", indica el dictamen de Mai. La destitución de un fiscal es potestad de la Legislatura de la provincia, razón por la cual el auditor concluyó su informe y queda a espera de una resolución.

El auditor le recriminó como "primera conducta disvaliosa" la "celebración de un acuerdo de prisión domiciliaria en fecha 30 de mayo de 2022 en clara violación a lo previsto por el artículo 10 del Código Penal e Instrucción General número 09/2018".

El auditor menciona en su dictamen que Gerosa presentó "el 17 de noviembre de 2022 un acuerdo abreviado por ante la Oficina de Gestión Judicial de Reconquista, el cual no cumplimentaba con los requisitos establecidos en el artículo 339 inciso 6 del Código Procesal Penal".

Para ese acuerdo, el fiscal "no acompañó la conformidad de la víctima y tampoco la rúbrica del fiscal regional respectivo", y tampoco fundamentó "la razón del cambio de calificación más favorable para el imputado ni la modificación de la pretensión punitiva en favor del mismo".

Mai concluyó que no se expresaba en el acuerdo "cuál era la razón para que delitos que concurrían realmente entre sí sean condenados por el mínimo legal de la plataforma jurídica seleccionada en el abreviado, teniendo en cuenta la pretensión esgrimida en la acusación de 32 años de cumplimiento efectivo".

Finalmente, el auditor le endilgó a Gerosa "haber realizado durante marzo y abril de 2023 diversas declaraciones indecorosas e imprudentes en distintos medios de comunicación, poniendo en conocimiento de la ciudadanía que brindaba información sobre la marcha de la investigación a un tercero ajeno al proceso".

Según Mai, eso se dio "en una causa en donde la principal interesada, la víctima, siempre estuvo desinformada del estado de la misma, en contradicción a lo estipulado en el marco normativo vigente".