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La familia de Jesica Olivera fue la excepción a una regla. En la causa que finalmente terminó el pasado viernes con el femicida condenado a cadena perpetua por haberla matado a cuchillazos en plena calle al salir de un cumpleaños de 15, los hijos, las hermanas y los padres de Jesica contaron con el acompañamiento jurídico de la defensora general de Cámaras Marcela De Luca, a pesar de que esto no estaba dentro de sus funciones.

Cuando una madre de familia muere producto de un femicidio, o cuando cualquier familia padece la violencia de uno de sus miembros y atraviesa una causa judicial, el Estado les brinda el asesoramiento mismo que en cualquier otra clase de delitos, la del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ). En Rosario este espacio abrió en 2009 con un plantel de 20 profesionales, pero que según pudo saber Rosarioplus.com, ahora está reducido a la mitad a falta de presupuesto, y en consecuencia, se desborda de causas de toda clase a las que asistir.

La referente de la ONG Ampliando Derechos, Nora Giacometto, relató a este medio: “A través de los años de militancia y diversas situaciones con casos de femicidios, hemos fortalecido la relación con la defensora general de Cámaras  Marcela De Luca y ante la necesidad de que se las represente a las familias, ella accedió y en este momento no solo representa a la familia de Jesica Olivera, sino también a la familia de María del Rosario Vera (hallada muerta en un volquete en los primeros días de 2018), cuyo juicio comienza ahora en septiembre”.

El acompañamiento que hace Giacometto, así como otras militantes de ONGs por los derechos de las mujeres, en muchos aspectos termina supliendo al Estado. “Hacen falta más abogados, psicólogos y trabajadores sociales en el CAJ, porque desde allí se encara interdisciplinariamente los casos. En pandemia no conseguimos avanzar, pero Ampliando derechos buscará vehiculizar el tema a través de algún legislador provincial para que aumente el presupuesto", precisó Nora.

Esta visión fue compartida con una fiscal de género y una persona de la defensoría (cuyas identidades se reservan), y en ambos caso coincidieron con el diagnóstico. “En pocas ocasiones tuve querellas, y con abogado particular son contados con la mano. Ni vi casos de defensores con las víctimas tampoco. Lo que falta es un acompañamiento integral, explicarles los procesos porque muchas víctimas quedan a mitad de camino, se terminan retractando porque no entienden lo largo que son los procesos, y si se cae una víctima de amenaza terminamos en abreviados. Los fiscales estamos limitados para articular esto cuando somos los que investigamos, no tenemos equipos interdisciplinarios para acompañarlas nosotros. Faltaría la contención desde otro lado, un equipo de género que pueda apuntalar a las víctimas, que puedan ser escuchadas y tomen decisiones por si mismas”, enfatizó la fiscal.

La persona de la defensoría por su parte, aclaró: “Si bien no representamos a la víctima en el proceso, como funcionarios nosotros bregamos por la solución del conflicto, y debemos observar los derechos humanos”. Y en coincidencia con la fiscal aseveró: “Hay un gran vacío que para mí tiene que ver con políticas públicas definidas. Cierto que no hay una representación efectiva salvo por el CAJ, que sigue funcionando, ellos se constituyen como querellantes en muchas causas”.

Por este vacío en recursos, ejemplificó Nora que debido a la falta de acompañamiento la familia de Angie Ríos firmó un abreviado que le bajó la condena a 8 años al femicida; y la familia de Nadia Benítez, asesinada a golpes en su casa por su pareja en febrero de 2017, se endeudó para poder pagar un abogado particular que salió arriba de 300 mil pesos, un dinero que la mayoría de estas familias no pueden costear.

“La causa de Tamara Merlo no la pudieron llevar adelante, y el femicida ahora está en libertad, el tribunal de 2da instancia le bajó la condena” por comportamiento, y eso suele ser usual, como intentó en junio pasado el femicida de Jesica Olivera, ahora condenado a perpetua. Las causas de María del Rosario Vera, y de Jesica Olivera, pasaron por el CAJ “pero al ser tan escaso el personal y no tener respuestas, consegui que Marcela De Luca las representara”, enumeró Giacometto.

La causa de Nerea Barboza (joven desaparecida en 2017) sigue abierta pero explicó que “no han podido detener a nadie y la familia de Nerea sigue pidiendo justicia, y como son de un sector muy vulnerable, sus hijas no van a acceder a la ley Brisa (de no quedar a cargo del padre) porque no reúnen los requisitos necesarios”.

Diez años y una reducción que lleva al infierno

Nora recordó a este medio que cuando comenzó con los acompañamientos coordinaba el CAJ Ricardo Lamas: “Luego en la última gestión del gobernador Miguel Lifschitz dejó su cargo, y fue patético el desinterés del socialismo en sostener ese espacio. Trabajo desde 2010 en el acompañamiento, entonces había 20 empleado y hoy son la mitad. Cinco de ellos son abogados, y el resto entre trabajadores sociales y psicólogos, pero pareciera que no hay un interés del Estado en sostener estos espacios que son fundamentales para las familias”.

Ahora con el cambio de gobierno Lamas volvió a la conducción del CAJ, y Giacometto destacó “su compromiso coordinando, y sus empleados que hacen lo que pueden, con las dificultades dentro de las limitaciones del presupuesto”.

Recalcó que en casi todos los casos de este tipo, las familias tienen dificultades económicas: “Ellas hacen lo que pueden, quedan destrozadas con padres violentos, en general una hermana o una abuela se hace cargo de los hijos de la mujer muerta".

Para ella sumado a la falta de recursos y personal, "el Estado no ve la importancia del acompañamiento en salud mental para quienes se hacen cargo, ni para los chicos que quedan. Es importante acompañarlos desde ese lugar. Viven en un infierno”.