El resonante juicio por el asesinato del pequeño Lucio Dupuy a la madre y su pareja culminó con ambas declaradas culpables por el hecho, pero las esquirlas del asunto siguen resonando en torno a qué falló en el sistema social para un final tan trágico como la muerte de un niño, ya que son muchas las instancias en que se pudo haber encontrado indicios de violencia infantil, desde profesionales médicos que vieron los signos de maltrato físico hasta maestras jardineras y los vínculos cercanos. Aunque lejos de un juicio moral en busca de más culpables, el objetivo es una reflexión en torno de esas fallas para que las instituciones oficien de garantes de los derechos infantiles cuando aparece la violencia familiar.

Algo de esto reflexionó la directora de Infancias y Familias Sonia Colacelli, área que funciona dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano, quien fue consultada por este medio. “Estamos conmovidos por esta tragedia que irrumpe en la escena pública generando debates lógicos, pero los cuales a veces se instalan desde los medios en la sociedad sin buscar construir, porque el enfoque es en culpabilizar al familiar sin pensar en la violencia social, y en lo que sucede alrededor que llevó a la muerte de Lucio”.

Si bien aclaró desconocer el detalle sobre cuáles engranajes en la cadena de instituciones fallaron en la provincia de La Pampa, destacó que “es reconocible que en todas las sociedades los niños pueden ser víctimas de violencia física o simbólica, entonces es el Estado el que debe estar articulado para evitar invisibilizar situaciones”.

En esta provincia se trabaja cotidianamente en muchos casos, que no llegan a esta gravedad de muerte de un niño porque justamente se trabaja de forma articulada entre las instituciones educativas, centros de salud, la Dirección de Niñez y la Justicia, activando ciertos protocolos de actuación ante los posibles indicios que puedan aparecer.

Repasó entonces en torno al oficio del Estado: “En la sociedad actual ya es instalada la necesidad de cuidados que tienen los niños como sujetos de derecho, por estar en plena etapa de crecimiento, de acuerdo a las etapas de su vida, y cuando no se garantizan esos derechos por vulnerabilidad social, es fundamental el trabajo asistencial que les garantiza los derechos humanos básicos universales”. Sin embargo no es algo históricamente dado, porque Colacelli recordó: “Hasta hace 200 años los niños en la sociedad no eran visto de la misma manera, porque eran la mano de obra barata de las sociedades industriales, algo que hoy es punible. El siglo XX instala la categoría de infancia que garantiza la vida de un menor sanamente, bajo el acuerdo de los Estados sobre qué resguardos darle para su integridad física y emocional”.

Recordó que hoy no hay dudas, desde que en 1989 se creó la Convención Interamericana de Derechos Humanos del Niño, el tratado internacional de la Asamblea General de la ONU, que todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. “Y Argentina tiene en su legislación, leyes internacionales y nacionales, así como la Constitución Civil que fue reformada recientemente, donde se preserva la identidad infantil. Luego la normativa se ejecuta desde un sistema de protección de derechos, articulados para evitar invisibilizar situaciones”, recordó, y entonces apuntó: “Lucio fue víctima de la violencia sistemática de sus progenitores y el sistema falló en esa situación. El piso normativo es alto, pero en las prácticas institucionales se invisibiliza a veces. No sabemos los detalles de lo que falló en La Pampa, podemos asegurar que el Estado debe prevenir que esto suceda”.

Prevención y señales

Consultada sobre el modo en que el sistema no falle, la directora de Infancias municipal precisó: “Se trabaja en las cercanías a las familias, quienes trabajan con ellas testean y alertan cuando detectan alguna situación violenta, aunque no sea de una violencia extrema, a la vez que trabajan en fortalecer ese núcleo familiar con recursos de vincularse no violentamente, sensibilizando. Muchas veces los padres ven como sano el correctivo físico, y ese no es un método válido de educación”.

Los efectores de salud así como instituciones escolares, sean públicos o privados, ponen en conocimiento a la justicia cuando ven indicios de agresión, con una denuncia formal. Algunos indicios que la funcionaria municipal enumeró fueron, “lo evidente en hematomas físicos, cuando los accidentes domésticos son reiterados, cuando los niños son muy reservados y les cuesta manifestarse en lo cotidiano, cuando aparece la ira es porque en su casa falta la palabra (es su forma de manifestarlo)”.

Por eso se trabaja con equipos especializados, “deben ser técnicos, y en la Dirección de Niñez en estos tres años se armaron equipos de formación profesional, y se trabaja mucho con los equipos socioeducativos del Ministerio de Educación, así como con los dos hospitales del niño y los efectores de salud de todos los distritos, a los cuales capacitamos en estos temas”, ahondó.

El paradigma es trabajar cada uno desde las partes del Estado desde su lugar, “como cuando se alertó desde el Hospital Iturraspe que la niña abusada por el padre no asistió al aborto que tenía consensuado. Los equipos trabajan mancomunadamente y rápidamente, resolviendo muchas cuestiones específicas de cada área”. 

En este sentido aseguró: “Somos muchos mirando un mismo caso, en alerta ante indicios de violencia. Pero en paralelo resulta importante trabajar en lo preventivo, y para eso desde la Dirección trabajamos con un programa en todos los centros Cuidar de la ciudad, con niños de tres años y sus familias. El objetivo es estimular sus capacidades y prepararlos para cuando ingresen al sistema educativo formal, y muchas veces ocurre que sus padres cuestionan la importancia de que asistan a la escuela, algo fundamental para su formación como sujetos de derecho”.