La encuesta de Gastos de Hogares realizada por el Indec en los años 2012/2013 muestra que en Santa Fe el 21% de lo que gastan los hogares inquilinos se destina a pagar alquileres y expensas. Esto implica que si uno ha trabajado cinco días por semana, le dedicó uno de esos días a juntar la plata para el alquiler. La situación se ha agravado en los últimos ocho años. En 2004 se gastaba el 15% en dicho concepto, implicando un salto de más del 40% en su participación en el gasto.  

Otra forma de considerar estos números es que se ha producido una redistribución del ingreso entre los que alquilan y los propietarios de inmuebles. La profundización de las asimetrías entre dichos sectores sociales no es sólo monetaria. Los propietarios y, principalmente, las inmobiliarias suelen fijar todas las condiciones: desde las garantías y requisitos, hasta los ajustes de los montos abonados, muchas veces eludiendo la normativa que prohíbe la indexación de contratos. Hogares que han mejorado sus niveles de ingresos con la recuperación económica no tienen acceso al mercado formal por los excesivos requisitos de ingreso, debiendo acudir al mercado informal o aceptar condiciones precarias de habitabilidad. Todo esto en el marco de una situación de déficit habitacional muy significativa (en Rosario se estima en 67.000 hogares).

 

El gobierno nacional ha abordado la problemática habitacional poniendo el eje en el acceso a la propiedad (Fonavi y Plan Procrear). En las grandes ciudades dichas políticas han mostrado sus límites. En primer lugar, porque la escasez de suelo disponible y el déficit habitacional creciente generó la expulsión de la población a las zonas aledañas, donde se ha prestado poca atención a los impactos en la configuración espacial y en la apropiación de las plusvalías urbanas. Como ejemplo se puede considerar la fuerte expansión de emprendimientos inmobiliarios de barrios abiertos en Funes y Roldan, sin contar con ninguna regulación que habilite el control de los precios del suelo y de las condiciones ambientales de dichos asentamientos (saturación de servicios públicos, accesibilidad a espacios verdes, congestión de las rutas, etc.)

Además, dicha perspectiva no considera la gran cantidad de inmuebles que se encuentran deshabitados y podrían ser utilizados para vivienda (67.000 viviendas en Rosario, más de la mitad con fines especulativos), ni el elevado porcentaje de hogares que alquilan (del 13% al 20% entre los censos 2001 y 2010).

En Rosario poco se ha hecho para regular dicho segmento. Ni la reciente propuesta del concejal Miguel Zamarini que sugiere cambiar algunas condiciones contractuales por medio de un contrato modelo, ni las más ambiciosas que auguran por la regulación de los precios y la penalización de los inmuebles vacíos, han podido prosperar. El mercado de alquileres continúa totalmente desregulado.

En este marco, es apremiante una política de vivienda que considere nuevas dimensiones, que apunte a tomar en consideración la diversidad de regímenes de tenencias posibles (con especial foco en los alquileres), y que consideren no sólo el derecho a la vivienda, sino también el derecho a la ciudad, es decir, que todos los sectores sociales puedan contar con un entorno saludable y ecológicamente sustentable.

Natalia Pérez Barreda – Red de Economía Política