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Expertos en salud de todo el mundo han elaborado un plan para decidir quién debe recibir primero la vacuna contra el COVID-19, pese a que aún se ignora cuándo podrá haber una inmunización segura y eficaz contra el coronavirus, según un artículo publicado en la revista Science.

"Cuando se desarrollen vacunas efectivas para la COVID-19, el suministro será inevitablemente escaso", señalaron los autores, que indicaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS), autoridades en todo el mundo y los propios fabricantes "ya encaran la cuestión de cómo se asignarán esas vacunas en todos los países".

"La idea de distribuir las vacunas sobre la base de las poblaciones parece una estrategia equitativa", señaló Ezekiel Emanuel, quien dirigió el artículo, y agregó, "normalmente distribuimos las cosas sobre la base de cuán grave es el sufrimiento en un sitio dado y, en este caso, argumentamos que la medida primordial de sufrimiento debería ser el número de muertes prematuras que la vacuna evitaría".

Si bien no se ha avanzado mucho en el diseño de un marco único y global para la distribución de las vacunas, cuando las haya, ya se han planteado dos problemas, señaló el artículo. Por un lado, algunos expertos sostienen que el personal de salud y las poblaciones con riesgos más altos, como los mayores de 65 años, deberían recibir primero la inmunización, y la OMS indica que los países deben recibir dosis proporcionadas a su población.

Desde una perspectiva de ética médica, ambas estrategias tienen "fallas graves", sostuvo Emanuel.

Tres valores fundamentales

Estos expertos señalan que se deberían tener en cuenta tres valores fundamentales cuando llegue el momento de distribuir la vacuna entre los países. Estos valores son beneficiar a la gente limitando el daño; dar prioridad a las poblaciones con desventajas, y asignar una preocupación moral igualitaria para todos los individuos.

El modelo toma en consideración esos principios enfocándose en limitar los daños causados por COVID-19, como las muertes, los daños permanentes en los órganos, consecuencias indirectas como las presiones sobre los sistemas de salud y la destrucción económica.

Según el equipo de Emanuel, "de estas tres dimensiones la prevención de muertes, especialmente las muertes prematuras, es particularmente urgente", y es lo que enfoca la primera fase. El criterio de muertes prematuras por COVID-19 se determina en cada país calculando "los años de vida perdidos".

Para la segunda fase, los autores proponen que se tome en cuenta la mejoría económica en general y la medida en la cual se puede evitar que la población caiga en la pobreza.

En la tercera fase, se daría prioridad a los países con las tasas más altas de contagio "pero todos los países deberían, eventualmente, recibir vacunas suficientes para evitar los contagios, para lo cual se calcula que del 60 % al 70 % de la población debería ser inmune".

El plan de la OMS, en cambio, comienza con la administración de la vacuna al 3 por ciento de la población, y continúa con una distribución proporcional a la población hasta que en todos los países esté vacunado el 20% de los habitantes.

Emanuel y sus colegas argumentan que, si bien este plan puede sostenerse políticamente, "presupone, erróneamente, que la igualdad requiere el trato idéntico a países situados de manera diferente, más que responder equitativamente a sus necesidades, que son diferentes".

Los autores también objetan la idea que da prioridad a los países según el número de su personal de salud en primera línea del combate, la proporción de población mayor de 65 años y el número de personas con enfermedades simultáneas en cada país. "Terminaríamos dando un montón de vacunas a los países ricos, lo cual no parece ser la meta de una distribución equitativa", señaló Emanuel.

(EFE)